En el Congreso de Tlaxcala el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la iniciativa conocida como Ley Sabina, a nivel nacional, que buscan reformar la Constitución de la entidad tlaxcalteca para crear un registro de deudores alimentarios y garantizar que los menores reciban su sustento por parte de los progenitores.
“Un tema recurrente en los últimos años, ha sido el de la protección de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que se les generen las condiciones para tener un desarrollo lo más pleno posible. Dentro de esos derechos de las y los menores de edad, es la de procurarles alimentos en la acepción jurídica del término, por quien, conforme a ley, tiene el deber de procurárselos”.
Así comenzó su exposición de motivos el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, quien durante la vigésimo cuarta Sesión Ordinaria, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la Constitución local, de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y otros cuatro ordenamientos.
A través de esta reforma, se establece que Tlaxcala podrá crear su propio registro local atendiendo los lineamientos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este registro será un padrón que permitirá difundir información respecto a quiénes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos, es decir, en éste se inscribirá a las personas sentenciadas por autoridad judicial por haber dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias.
“Por lo que hace al interés de la presente iniciativa, se busca hacer eficaz el derecho a recibir alimentos en su connotación jurídica y, en consecuencia, a que la obligación de quién debe proporcionarlos se cumpla realmente, al establecer dicho cumplimiento como condición previa para recibir algunos servicios públicos o, en su caso, para ocupar cargos públicos, tal y como ya se previene constitucionalmente”.
En este sentido, el diputado Manuel Cambrón Soria, argumentó la obligatoriedad de cumplir con las pensiones alimenticias para poder mantener sus derechos de ciudadanía y algunos de los trámites y servicios públicos, estriba en no estar inscrita la persona obligada en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, acorde a las reformas constitucionales y legales.
Deudores alimentarios no podrán ser candidatos o funcionarios
Esta reforma para la inscripción en el registro impedirá que los deudores alimentarios puedan ser electas u ocupar cargo público alguno, no podrán obtener licencias o permisos para conducir, no podrán tramitar escrituras por los notarios públicos relativas a compraventa de bienes inmuebles y a la constitución o transmisión de derechos reales.
Además, en el caso de las solicitudes de matrimonio, aunque no es impedimento para la celebración de éste, el juez, oficial o encargado del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.
La presente Iniciativa, armoniza lo hecho por el Constituyente Permanente y el Congreso de la Unión, proponiendo instituir reformas y adiciones a la Constitución Local y a diversos ordenamientos legales locales, coadyuvando a la protección de las niñas, niños y adolescentes en materia del derecho a recibir alimentos, concluyó el coordinador parlamentario del PRD.
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