Las diputadas del Partido del Trabajo (PT) Nora Merino Escamilla y Mónica Silva Ruiz salieron este miércoles a defender la reforma electoral que aprobó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, propuesta por Eduardo Alcántara, considerada por homólogas del PAN y activistas, como un retroceso para castigar la violencia política de género a través de la Ley 3 de 3.
En tribuna, la diputada Mónica Silva pidió que el dictamen no se vote en la sesión extraordinaria convocada para este jueves para que sea sometida a una mayor discusión y se pueda socializar. El planteamiento se desechó.
En entrevista posterior a la sesión de este miércoles, aseguró que la iniciativa no tiene dedicatoria, y que no es retroactiva, por lo que si esta se aprueba no aplicaría a favor del diputado que la promovió, quien ya fue sancionado por cometer violencia política de género.
La legisladora afirmó que el tema se mediatizó, sin embargo también aceptó que algo falló y se debe socializar ante el rechazo mostrado, inclusive por la panista, Erika de la Vega, promotora de la Ley 3 de 3 en Puebla, y quién denunció a Alcántara Montiel de condicionar la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula a cambio de favores sexuales.
Al respecto, Nora Merino Escamilla afirmó que «se está leyendo de manera equivocada la iniciativa pues se está modificando algo diferente».
«La 3de3 es clara, es constitucional y no hay retroactividad. Es INTOCABLE, ningún violentador puede aparecer en la boleta, ningún violentador al poder», escribió en sus redes sociales ante las críticas que realizaron periodistas, así como las diputadas Aurora Sierra y Nancy Jiménez, además de activistas.
El diputado fue sancionado por las autoridades electorales, quienes ordenaron que fuera inscrito en el registro de agresores por lo que no podría ser candidato en 2024.
La reforma agrega un párrafo al Artículo 359 del COIPE para que haya una verificación o demostración de la autenticidad de las denuncias electorales, «por lo que la prueba de una carpeta penal en etapa de investigación, serán consideradas como indicios, y obtendrán plenitud una vez que hayan sido valoradas en el proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
Esta propuesta, tal y como se entiende, dejaría sin efecto legal cualquier sentencia de las autoridades electorales si no hay un fallo o sentencia de tipo penal, cuando se denuncie algún delito, como lo es la violencia política de género y otro tipo de violencias.
Síguenos en @urbano_noticias
LEER: Diputadas y feministas alertan sobre reforma electoral que va contra Ley 3 de 3
