También promovieron iniciativa para integrar Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa
En sesión pública ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la Iniciativa de Decreto para reformar el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de que el Informe del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se lleve a cabo en los primeros 10 días de septiembre.
En tribuna, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho señaló que toda vez que el periodo del Congreso comienza el 15 de septiembre y finaliza un 14 de septiembre, justamente tres años después de su inicio, “consideramos que emitir dicho informe en los primeros diez días de septiembre, es el periodo idóneo para lograr que el contenido de este sea el más amplio”.
Cabrera Camacho precisó que el cambio de fecha evitará que se interfiera con los trabajos de entrega-recepción por el cambio de legislatura, que inicia el día 10 de septiembre, justo después de la finalización de la sesión previa y de la designación de la primera mesa directiva de la legislatura entrante, cuando así corresponda. La Iniciativa fue aprobada con 32 votos a favor y un voto en contra.
En otro punto del orden del día, el diputado Jonathan Collantes Cabañas presentó una Iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que tiene como propósito la integración de un Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa que dé a conocer a la población el desempeño de las y los diputados, así como de la Legislatura.
Collantes Cabañas precisó que este Comité permitirá contribuir a la transparencia, democracia y rendición de cuentas, propiciando la mejora continua del Poder Legislativo, ya que estaría conformado por ciudadanos con experiencia en evaluación, investigación y docencia, los cuales serían elegidos por el Pleno del Congreso del Estado mediante convocatoria pública. La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedentes.
Asimismo, la Mesa Directiva dio cuenta de la Iniciativa de Decreto que presentó el diputado José Juan Espinosa Torres, para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, con el propósito de que el nombre de la “Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado” sea modificado por el de “Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado”. La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución correspondiente.
De igual manera, se dio cuenta de la Iniciativa de Decreto que presentó el diputado José Juan Espinosa Torres, para abrogar la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla. La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación procedente.
Por otra parte, se dio cuenta de la Iniciativa de Ley de Zonas Típicas Monumentales del Estado de Puebla, la cual está integrada por áreas con arquitectura vernácula, histórica y artística del Estado de Puebla, que presentaron las y los diputados Liliana Luna Aguirre, José Armando García Avendaño, Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos Alberto Morales Álvarez y Uruviel González Vieyra, con la finalidad de conservar los bienes constitutivos del Patrimonio Cultural. La Iniciativa se turnó a la Comisión de Turismo para su estudio y resolución procedente.
De igual manera, se dio cuenta de la Iniciativa de Decreto del diputado Oswaldo Jiménez López, que pretende adicionar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; así como reformar y adiciona la Ley de Obra Pública y Servicios para el Estado de Puebla, con la finalidad de que en adjudicaciones públicas participen testigos sociales, para lo cual la Secretaría de la Contraloría y en su caso las Contralorías Municipales, tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarían en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública. La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución procedente.
