Con penas de 6 a 20 años de prisión, multas de 300 a 1000 días de salario mínimo; penas aumentarán por el grado de vulnerabilidad de víctimas
El Legislador Miguel Ángel Covarrubias presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para el Estado de Tlaxcala.
El congresista del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) planteó la urgencia de que se legisle de manera correcta y se armonicen las leyes con los tratados internacionales y nacionales, cuyos ordenamientos legales prohíben este flagelo.
En la máxima tribuna del Estado, puntualizó que la tortura es una violación grave a los derechos humanos de las personas, y la iniciativa presentada tiene como finalidad promover, entre la población y las autoridades, la cultura de la prevención sobre la tortura; pero también establecer las bases de coordinación entre las autoridades del Estado y municipios para investigar, juzgar y sancionar cualquier acto de tortura.
El diputado Miguel Ángel Covarrubias enfatizó que dicha Ley contará con cinco títulos y 76 artículos en los cuales se contemplan desde la tipificación de los delitos de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; las penas establecidas de 6 a 20 años de prisión y multas de 300 a 1000 días de salario mínimo dependiendo de quien comenta el delito, si se tratara de un servidor público o civil y esta pena aumentará hasta la mitad dependiendo el grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Asimismo, contempla los delitos vinculados a cualquier tipo de tortura, a las responsabilidades y actuación de las autoridades en el proceso de investigación, la prevención y la creación del programa Estatal para Prevenir y Sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
Covarrubias Cervantes destacó que esta Ley contempla las medidas de protección y de reparación del daño de manera íntegra a las víctimas, con lo que se garantiza la protección del Estado a quienes hayan sufrido algún tipo de tortura.
De esta manera el legislador busca que los derechos humanos de todas las personas sean respetados y no se permita ninguna violación a estos mismos.
