El diputado local de Morena, José Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para sancionar hasta con 12 años de prisión al personal de penales de Puebla que permita la introducción y uso de celulares con fines ilícitos.
La propuesta plantea reformas al Código Penal del Estado para tipificar como delito la “Introducción y Uso no Autorizado de Dispositivos Electrónicos en Centros Penitenciarios”.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que el uso de teléfonos celulares y tabletas en los Centros de Reinserción Social (Cereso) facilita la comisión de delitos como extorsión, amenazas, fraudes y difusión de contenido ilícito.
En ese sentido, apuntó que la introducción de dispositivos electrónicos a los penales no podría llevarse a cabo sin la complicidad de custodios, o bien, por la omisión y negligencia de los mismos.
Por lo anterior, remarcó que resulta necesario sancionar de manera proporcional y ejemplar a quienes, aprovechándose de su posición de autoridad o mediante negligencia, faciliten el ingreso o uso de celulares a penales de Puebla para fines ilícitos.
La iniciativa propone penas que van de 3 a 6 años de prisión a quien, sin autorización, posea, ingrese, intente ingresar o facilite el ingreso de dispositivos electrónicos de comunicación.
Si el delito es cometido por personal penitenciario, la pena será de 4 a 8 años; además se les destituirá del cargo e inhabilitará para ejercer cualquier otro cargo de seguridad pública por un periodo de 5 años.
Cuando los dispositivos se usen para extorsionar, amenazar o intimidar a terceros; cometer fraudes o engaños; o difundir contenido ilícito, las penas incrementarán de 5 a 10 años de prisión.
Las sanciones podrían incrementar de 6 a 12 años de prisión cuando se acredite la participación directa, por colusión, o negligencia en la comisión de delitos por parte de directores o encargados de los centros penitenciarios.
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