Sentencia del máximo tribunal de justicia de México es un llamado simbólico a los Congresos locales que criminalizan el aborto

El fallo histórico de la SCJN, que declaró inconstitucional penalizar el aborto, evidenció que el Código Penal de Puebla es “absurdo” y la falta de voluntad política de los diputados de la LX Legislatura, próximos a dejar el cargo.

Así lo señaló Natalie Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), especializada en feminismo y violencia de género.

“Lo que nos recuerda esta sentencia es justo que el Congreso (saliente) no tuvo voluntad de entrar a una discusión que fue exigida, trabajada y demandada por la sociedad civil organizada”, expresó.

Señaló que la sentencia del máximo tribunal de justicia de México es un llamado simbólico a los Congresos locales que criminalizan el aborto,  de hacia dónde tienen que reformar sus Códigos Penales, pues es “absurdo e inconstitucional” penalizar la interrupción del embarazo.



Por ello, consideró que ahora la próxima Legislatura –que asume sus funciones el 15 de septiembre– deberá analizar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y retomar las iniciativas que quedaron en la congeladora sobre la despenalización del aborto.

“Lo que restaría es que diversos Congresos puedan apelar al mismo principio y promover una revisión, es un proceso más largo y complejo, pero las bases ya están sentadas.

Resaltó que aquellas personas que estén procesadas en Puebla acusadas por aborto pueden apelar a la sentencia de la SCJN y obtener su liberación.

Además que, si desde Puebla se promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de las sanciones en el Código Penal por abortar, la Corte dictaminará a favor de la despenalización.



No obstante, insistió en que “si hay voluntad política (de los diputados locales entrantes) para garantizar los derechos y el principio de progresividad, los Congresos tendrían que ya ponerse manos a la obra” para hacer las reformas pertinentes.

Según datos de Cafis, obtenidos mediante solicitudes de transparencia, de 2009 a marzo de 2019 se registraron 73 procesos legales en contra de mujeres por interrupción del embarazo, de los cuales 11 resultaron en sentencias condenatorias, en tanto que hay 15 procesos más que estaban en espera de sentencia.

Mientras que, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que tiene datos desde 2015, se contabilizan 48 carpetas de investigación por aborto, de las cuales 6 corresponden a 2020 y 4 a lo que va del 2021.

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