Según el Observatorio el Congreso de Tlaxcala debió armonizar antes de 2018 su norma local.
El último reporte del Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas (OCDV) refiere que Tlaxcala aún no armoniza sus leyes estatales con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobada por el Congreso de la Unión en 2018.
Según el OCDV, el Congreso de Tlaxcala aún discute la iniciativa de ley en la materia presentada en marzo de 2019, a más de dos años desde que el 16 de abril de 2018 venció el plazo para que los Congresos estatales llevaran a cabo la adecuación legislativa según la norma general.
De acuerdo con el reporte del OCDV, el Ejecutivo local ya creó la Comisión Estatal de Búsqueda; cuenta además con una Fiscalía Especializada en la materia y con una Unidad de Investigación Especializada de los Delitos de Desaparición de Personas y Desaparición cometida por Particulares, creada por acuerdo el 9 de octubre de 2019.
El Observatorio refiere que hay avances en la declaración especial de ausencia, la cual busca reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares de la persona desaparecida; sin embargo, aún falta conformar el Consejo Consultivo Ciudadano del sistema estatal de búsqueda de personas.
Los trabajos de armonización legislativa se encuentran en la cancha del Legislativo estatal que, según el Observatorio, mantiene en “discusión” aletargada junto con los congresos de Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Jalisco, aún sin ajusta su ley para atender los casos.
La armonización implica establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, así como investigar y sancionar los delitos en materia de desaparición.
También busca armonizar los tipos penales; garantizar la protección de los derechos de las personas desaparecidas; crear el Registro Estatal de personas desaparecidas y establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas, refiere el OCDV.
