Un reporte entregado a la CRE cita que son 68 grupos que roban combustible, en los que hay grupos armados especializados y hasta exempleados.
Un estudio elaborado por la empresa EnergeA, proyectos de energía de Grupo Atalaya, contratada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reveló que detrás del robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentran cárteles del narcotráfico, grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, gasolineros, empleados y exempleados Pemex, autoridades de seguridad pública, empresarios y comunidades.
Para analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones, el estudio identifica a ocho grupos con diferentes jerarquías: por una parte, la estructura y organización interna de bandas criminales, gasolineros, empleados y empresarios es muy baja y moderada; y por otra, las autoridades de seguridad pública y el narcotráfico, es muy alta.
The Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó una red de gasolineros asociados al líder del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul.
Los miembros del cártel de Sinaloa se encuentran asociados a la extracción de gasolina y diésel del poliducto Culiacán-Topolobampo.
El reporte indica que el encargado de robar los combustibles entonces Culiacán era Mario Alejandro Aponte Gómez, alias “El Bravo”, hasta su muerte en abril de 2015. “El Azul”, en los expendios, fue señalado en una red de gasolineras asociadas, además de distribuir el hidrocarburo robado.
En el robo del poliducto Madero-Cadereyta, se señalaron miembros del Cártel del Golfo, quienes habrían usado herramientas y técnicas especiales para la perforación de ductos.
Las fuentes confidenciales del reporte señalan que el Cártel del Golfo vende crudo a medianos consumidores, usualmente pequeñas empresas y fábricas del sector informal.
“Se sabe que el Cártel del Golfo almacena combustible en sus narco-campamentos, pues en el momento en que las autoridades han asegurado dichos narco-campamentos, han encontrado combustible almacenado, además de armas de fuego, municiones y equipo táctico”, se lee en el análisis «Estudio para analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones del sector hidrocarburos y emitir recomendaciones para el reconocimiento de costos por concepto de seguridad».
Existe también la presencia de bandas criminales locales, quienes guardan el combustible ilegal en casas, tiendas de abarrotes o negocios cercanos a los poblados o las carreteras.
En la región Silao-Irapuato-Salamanca,se reporta al Cártel Jalisco Nueva Generación como encargado de sustraer combustible del poliducto Salamanca-Guadalajara.
Operación
La información que tienen los cárteles es sofisticada, además pueden clonar documentos oficiales, uniformes y autotanques, de manera que presionan a las autoridades municipales y a gasolineros para que compren y distribuyan los hidrocarburos.
Los grupos armados especializados, tienen conocimientos técnicos y herramientas para hacer tomas clandestinas. Estos realizan tareas segmentadas de vigilancia, perforación, custodia y traslado de combustible en pipas o autotanques
Las bandas criminales son grupos rudimentarios que extraen los energéticos de forma artesanal con seguetas, marros y cinceles. Gran parte de los derrames e incendios han sido provocados por este tipo de agrupación.
Las empresas o empresarios, participan comprando combustible robado para el proceso productivo de sus industrias privadas, y los gasolineros venden el combustible adulterado o en cantidades menores a lo que registran sus instrumentos de medición.
Las comunidades cercanas a los ductos no dañan a propósito la infraestructura de Pemex, sino se trata de rapiña de autoconsumo al detectarse alguna fuga de combustible, y se encuentran sobre todo en Tlaxcala, Puebla y Tabasco.
El reporte incluye a los trabajadores de Pemex, que utilizan o proveen información sobre operación, instalaciones, logística y actividades para permitir o cometer los delitos.
Los servidores públicos, tanto federales, estatales y municipales también permiten y/o protegen a los delincuentes para robar los energéticos. El documento explica que no existe un método exacto conocer la cantidad de combustible robado por las autoridades.
Además se destaca la falta de capacidad de las instituciones para reaccionar, y la complicidad de empleados, ya que las autoridades federales y locales se resisten a dar detalles a los cuestionamientos.
“La escasa información disponible debe complementarse con datos aportados por estudios académicos, fuentes periodísticas y fuentes al interior de instituciones como Pemex, la Policía Federal o privados, como propietarios de gasolineras, distribuidores de gas LP y natural). Las pocas aproximaciones que existen solo se refieren a los síntomas: las tomas clandestinas, particularmente aquellas que han sido detectas, pues tampoco se sabe cuántas están operando sin ser detectadas», detalló el reporte
El análisis no incluye detalles del ranking de sistemas por desviación y tomas entre 2011 y 2015 bajo el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública porque compromete la seguridad pública.
