Antelma Vargas, madre de Ingrid Escamilla originaria de Juan Galindo, Puebla, dijo que se siente satisfecha, pues por fin su hija tuvo justicia. «Luchen y luchen hasta lograr su objetivo», refirió
El feminicidio de Ingrid Escamilla tuvo justicia después de dos años ocho meses. Un juez dictó la pena máxima de 70 años de prisión contra Erick Francisco Robledo, quien en ese entonces era la pareja sentimental de la joven oriunda de Juan Galindo, Puebla.
La Fiscalía de la Ciudad de México informó que los ministerios públicos acreditaron ante la autoridad judicial la responsabilidad penal del sujeto en este asesinato, lográndose la pena máxima.
La madre de la ahora occisa dijo a los medios de comunicación sentirse satisfecha porque por fin su hija tuvo justicia y a la vez, mandó un mensaje de consuelo a las otras madres que se encuentran en la misma situación.
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»Para las personas que están viviendo esos procesos que nosotros vivimos tan largos, decirles que no desistan, que no pierdan la fe y más que nada que luchen y luchen hasta lograr su objetivo’‘, refirió Antelma Vargas, madre de Ingrid Escamilla.
Hoy 17 de octubre del 2022, es un día memorable, después de 2 años y 8 meses muy largos, por fin hoy ganamos la lucha, a las 21:04 PM , se le dictó sentencia de 70 años al feminicida de Ingrid Escamilla. pic.twitter.com/8GfupARQGP
— Giselle C. Escamilla (@GiselleCEscam) October 18, 2022
Para esto, es importante poner en contexto que, el pasado 9 de febrero de 2020, Erick mató a Ingrid Escamilla, quien tenía en aquel entonces 25 años de edad.
Ingrid, fue encontrada en condiciones indescriptibles, cuyo cuerpo fue abandonado al interior de un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.
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Las fotografías del cadáver de Ingrid comenzaron a difundirse a través de redes sociales y distintos medios de comunicación, lo que causó que diversos colectivos feministas se manifestaran; además de pedir justicia por su muerte, exigían que las imágenes fueran borradas de la red.
Siendo así, es como nació la Ley Ingrid, la cual consiste en prohibir a servidores públicos reproducir, transferir, filtrar, enviar, negociar o aportar imágenes de víctimas femeninas que hayan perdido la vida en circunstancias violentas y se castiga con hasta 10 años de prisión.
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