Recomiendan a las comisiones estatales de derechos humanos monitorear y visitar los centros de migración
Durante su paso por Puebla y Tlaxcala los migrantes de tránsito son víctimas de discriminación, malos tratos, robo y cobro de servicios en las estaciones migratorias de la región. No solo son presa de la delincuencia, sino también lo son de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), revela el informe “Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021”, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Un conjunto de entrevistas, visitas a estaciones migratorias y revisión de datos oficiales arroja que las detenciones de las personas migrantes de tránsito en Puebla y Tlaxcala ocurre de manera violenta, con poca o nula orientación jurídica; viven hacinadas, en espacios torturantes, insalubres y de alto riesgo de contagio por la pandemia.
El año pasado en las estaciones se detuvieron a más de mil 300 personas migrantes cada mes en la región, la mayoría de Honduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela y connacionales; de estos, cuatro de cada 10 dijeron estar solteros y uno de cada 10 casados; la mayoría dijo que salió de su país por la violencia, por falta de trabajo y factores económicos.
El informe revela que en el 60 por ciento de las detenciones, los agentes del INM no mostraron su identificación oficial con fotografía o acreditación institucional, y no explicaron el motivo de la revisión o detención en el transporte, la calle, el tren o en centrales o estaciones de transporte.
Hay registro de agresiones físicas y amenazas, discriminación racial y en al menos tres de cada 10 casos las personas migrantes detenidas dijeron que se sentían discriminadas en las estaciones por el color de su piel o su acento y la mayoría fue víctima de cometarios xenófobos.
Los investigadores señalaron que en las estaciones de Apizaco no dan a conocer los derechos de las personas detenidas y, en general, en Puebla y Tlaxcala al 58 por ciento no les dan a conocer sus derechos, mientras que el 40 por ciento no tuvo oportunidad de leer los documentos que firmó.
Los testimonios refieren que en las estaciones migratorias de Tlaxcala los migrantes reciben burlas y son discriminación, no tienen acceso a papel higiénico, son víctimas de tortura psicológica con más de 25 días de encierro y el personal les cobra por acceder a derechos que por ley le corresponden.
Por ejemplo, en las estaciones migratorias de Puebla hay registro de cobros de 200 a mil dólares por kits de limpieza, carne, medicamentos o asesoría jurídica. Al menos siete de cada 10 migrantes dijo que la comida es mala, insalubre y mal hecha, 27 por ciento dijo que la calidad era regular y solo al 8 por ciento de los entrevistados dijo que era buena.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha una nueva política migratoria, dice que con perspectiva de derechos humanos; sin embargo, en los hechos y en cada una de las estaciones migratorias, la versión y las denuncias muestran lo contrario.
Los investigadores señalan que la intervención de la Guardia Nacional en trabajos de seguridad y contención migratoria ha sobrepuesto las prácticas de militarización y seguridad nacional por encima de los derechos humanos de los migrantes y los tratados internacionales sobre la movilidad, la seguridad y el derecho a una vida digna.
A esto se suma que la pandemia reveló las deficiencias médicas de los centros de migración: la estación migratoria de Tlaxcala cuenta con un médico que no está tiempo completo, tiene turno esporádico y los migrantes enfermos o con síntomas de Covid-19 no son confinados con las medidas de seguridad sino que son hacinados, a lo mucho, se les da un cubrebocas pero no reciben atención médica.
En Puebla no hay personal médico y en ambos estados falta el acceso a la salud psicológica. Se documentaron casos de personas enfermas mentales con tendencias suicidas que no fueron debidamente atendidas; revelan que son los mismos migrantes los que crean redes de ayuda frente a la hostilidad y desdén del personal de las estaciones migratorias: no solo combaten la violencia de sus países y la del crimen durante su trayecto, sino la institucional en México.
Estas fallas son parte de un sistema migratorio desigual, corrupto y que ha naturalizado la criminalización de la movilidad social. Las recomendaciones emitidas están dirigidas a las delegaciones en Puebla y Tlaxcala del INM y al gobierno federal con un mensaje especial para la Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
A estas les han recomendado que visiten periódicamente las estaciones y documenten los casos, que tomen medidas precautorias y que firmen convenios para la capacitación de funcionarios de las estaciones migratorias, a fin de garantizar el derecho a la movilidad social y eliminar la discrimización.
