Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla prisión preventiva oficiosa para la usurpación de funciones.
La epidemia de defraudadores de tarjetas de Bienestar que surgió a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19, tiene trabajando a fondo a la Fiscalía General de la República (FGR), que a través del Ministerio Público en Tlaxcala obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Héctor “N”, por el presunto delito de usurpación de funciones públicas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, este sujeto, que se hacía pasar por empleado de la Secretaría de Bienestar con una credencial apócrifa, ofrecía tarjetas de programas sociales a cambio de pagos de entre mil 500 y tres mil 500 pesos.
Elementos de la Policía Municipal de Santa Ana Chiautempan, fueron quienes lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la FGR, luego de recibir denuncias por parte de comerciantes.
Según las indagatorias, Héctor «N», ya había sido detenido por el mismo delito a finales de mayo, pero había quedado en libertad, debido a que el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla prisión preventiva oficiosa para la usurpación de funciones, por lo que únicamente tenía que presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados y evitar acercarse a los testigos como medidas cautelares.
Pero la suerte le cambió a este hombre, después de que la semana pasada fue aprehendido en flagrancia y el juez de Control decidió imponerle ahora sí prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
