Señalan a Martín Torres Medina como responsable de lanzar gas pimienta en contra del grupo de personas que se manifestaron ayer.
Activistas y defensoras de derechos humanos difundieron el presunto nombre de uno de los 12 empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE) que agredieron a la familia de la fallecida Zyanya Estefanía Figueroa Becerril.
En redes sociales señalan a Martín Torres Medina como responsable de lanzar gas pimienta en contra del grupo de personas que se manifestó ayer en el acceso a las instalaciones de la FGE para acelerar las investigaciones del feminicidio.
Martín Torres Medina debe ser despedido de @FiscaliaPuebla y el gobierno del estado debe reparar el daño para quienes fueron agredidxs, pero más que nada, también urge que HAGAN SU TRABAJO. Así para empezar no estaríamos aquí.
— Ámbar Galaxy (@AstroBruja_) May 22, 2021
En las publicaciones además exigen que dicho sujetos, así como el resto de empleados y policías que participaron en la represión, sean cesados de sus cargos, y que se ofrezca una disculpa publica por parte del fiscal, Gilberto higuera Bernal, por lo sucedido.
Una docena de elementos de la @FiscaliaPuebla golpean y gasean a familiares de Zyanya, víctima de feminicidio. @OCNF
Urbano | Noticias México pic.twitter.com/j7ImElRiiP
— URBANO (@urbano_noticias) May 21, 2021
La FGE solamente informó brevemente, tras las demandas de justicia por los abusos, que se iniciará una investigación por Asuntos Internos y se deslindó de la agresión a los manifestantes.
También señaló que el inmueble donde vivía la residente de medicina, que laboraba en el Hospital del Niño Poblano (HNP), seguirá bajo resguardo judicial como lo pidió la familia de Zyanya.
«La Fiscalía General del Estado de Puebla dio vista a la Visitaduría Genera y a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos para investigar el proceder del personal de la Institución ante la manifestación; no se tolerarán excesos ni conductas ilícitas. La Fiscalía ha respetado y respeta la libertad de expresión y no instruyó el uso de material alguno.
«La manifestación se refiere a una investigación de feminicidio en la que una autoridad judicial ordenó la entrega de un inmueble a sus propietarios; se acordó con estos esperar un tiempo mayor», cita el comunicado.
En tanto la Comisión de Derecho Humanos de Puebla (CDH Puebla) afirmó que está dando seguimiento a la queja que han presentado las personas agraviadas.
