Con ello la SSC busca combatir el delito de extorsión que se realiza desde el interior de esos centros.
Los tres Centros de Reinserción Social del estado de Tlaxcala cuentan con inhibidores de señal para impedir llamadas de telefonía móvil desde el interior de los centros, así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Eduardo Valiente Hernández a la Cámara de Senadores que le requirió información respecto al combate del delito de extorsión desde los centros penitenciarios.
Lo anterior en respuesta al punto de acuerdo remitido a las entidades federativas con fecha 28 de febrero del 2020 por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Salomón Jara Cruz, a través del cual el Senador de la República exhorta a los titular de las Secretarías de Seguridad Ciudadana de los 32 estados de la República a reforzar las medidas tendientes a inhibir las comunicaciones indebidas al interior de los centros penitenciarios.
En ese punto de acuerdo, los senadores piden un informe respecto a las acciones que han emprendido para combatir el delito de extorsión realizado desde el interior de los centros, en ese sentido la SSC de Tlaxcala respondió que se emprendieron diversas acciones al respecto, entre ellas la instalación de 21 inhibidores de seña celular.
De ese total de inhibidores de frecuencia, 11 están ubicados en el Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco; siete más en el Centro de Reinserción de Tlaxcala; y tres en el Centro Femenil del Estado.
Incluso, Valiente Hernández agregó que “personal de custodia penitenciaria, realiza en forma periódica revisiones a las personas privadas de la libertad, a sus celdas, patios y cinturones de seguridad de los Centros de Reinserción Social del Estado, y en el área de aduana se cuenta con equipo de rayos “X” para detectar objetos o sustancias prohibidas en alimentos y cavidades de las personas que ingresan a los centros en calidad de visitantes”.
Los aparatos para inhibir señal de telefonía móvil están considerados como un mecanismo para paliar la comisión de delitos como la extorsión desde los centros penitenciarios, por ley todos los centros de reinserción del País tanto federales como locales deben instalar ese tipo de equipos desde el año 2018.
