La FGR no presentó “pruebas aptas” contra “El Lunares” por posesión de armas debido a errores de la fiscalía capitalina.

Solo 12 horas Óscar Andrés “N”, El Lunares, estuvo libre legalmente. Cerca de las 4 mañana del sábado, la juez Beatriz Moguel Ancheyta ordenaba su libertad por fallas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, pero ya se desempolvaba una nueva orden de aprehensión que hizo efectiva antes de las 4 de la tarde, una vez que el líder de La Unión Tepito tomó la salida del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La jueza Beatriz Moguel Ancheyta, tras la audiencia en el Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Oriente, decidió no vincularlos a proceso por posesión de armas porque la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas aptas y suficientes para comprobar la versión sobre el modo, tiempo y lugar aportada por los policías que los detuvieron.

Sin embargo, determinó que la FGR puede seguir investigando delitos federales presuntamente cometidos por El Lunares, ya que las irregularidades detectadas en su primera detención corresponden a la FGJ de CdMx. Ayer una policía de Investigación, con el rostro cubierto, leía sus derechos a Óscar Andrés frente a la reja principal del penal federal, mientras, sumiso y con las manos en la espalda —a pesar de no estar esposado—, El Lunares escuchaba los nuevos cargos que le imputaban. Y en una semana volvió a vivir un traslado.

El 31 de enero, cuando lo detuvieron, fue llevado al Reclusorio Oriente. El martes, se decidió trasladarlo al Altiplano, de donde estaba a punto de salir, pero una acusación de secuestro exprés lo condujo ayer al Reclusorio Norte.

La juez consideró que de encontrarse datos de prueba por delitos federales, la FGR podrá solicitar audiencia, pues no se decretó el sobreseimiento de la causa. Se ordenó la libertad de El Lunares debido a irregularidades en el Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por la Policía de Investigación de la FGJ capitalina respecto a la forma en que ocurrió el arresto y la FGR intervino en la audiencia con base en los hechos relatados en ese IPH, donde se narró que la captura de Óscar Andrés fue en flagrancia.

Sin embargo, la jueza concluyó que quienes los arrestaron cayeron en inconsistencias en su narración. La defensa aportó videos, testimonios y datos de prueba que permitieron a la impartidora de justicia concluir que las autoridades sacaron a los detenidos de sus domicilios ilegalmente.

OBESIDAD LO SALVÓ

La corpulencia y estatura de Hugo Armando ‘N’, a quien uno de los testigos de la audiencia del viernes describió como “un señor muy gordo y como de dos metros de alto” sirvió para que El Lunares, el mismo Hugo Armando y Eric ‘N’ quedaran libres y no se les vinculara a proceso por portación ilegal de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de mariguana y cocaína con fines de venta.

Los tres imputados siguieron la audiencia mediante videoconferencia desde el penal del Altiplano. La versión sobre la detención de los tres jóvenes narrada por la defensa era contraria a la del IPH. “Tengo una contradicción insuperable e insuperada”, dijo la juez Moguel Ancheyta para después apuntar: “actuar como juez de consigna para satisfacer a la Fiscalía haría perder la credibilidad del Poder Judicial y se reunirían dos poderes en uno solo”.

“Una vez que el video y las declaraciones del testigo lograron demeritar el IPH ¿puedo ignorarlo?”, cuestionó la impartidora de justicia a los dos fiscales. El plan B de la estrategia de los videos planteada por los abogados defensores Miguel Ángel Bello, Mario Alberto Martínez y Arturo Toscano, funcionó.

Fue su tabla de salvación después de que fracasaron en su intención de presentar 25 videos de las cámaras de vigilancia del fraccionamiento Los Amores de Don Juan, en Tolcayuca, Hidalgo, porque no pudieron demostrar la obtención legal de las imágenes. Los abogados quemaron su última carta: un video tomado con un celular.

Llamaron como testigo a un joven, vecino de Hugo Armando, quien en su celular personal grabó el momento en que elementos militares detienen a una persona frente a una casa particular y lo suben a una camioneta blanca. Aunque esa persona iba con la cabeza cubierta, era más corpulenta que los marinos. Se apreciaba que era alto y gordo.