De acuerdo con los parientes de los uniformados, si hay irregularidades, el alcalde Rafael Núñez es el responsable
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a 119 policías municipales de San Martín Texmelucan como presuntos responsables del delito de usurpación de funciones, después que incumplieron con los exámenes de Control y Confianza e, incluso, algunos pagaron 5 mil pesos para ser dados de alta en la corporación sin realizar el trámite.
Los uniformados empezaron este jueves sus declaraciones ante el Ministerio Público; en tanto, familiares de los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal tomaron la decisión de acudir a las instalaciones de la FGE para exigir explicaciones y considerar injusto los procesos judiciales contra sus parientes.
«Eso ya es culpa de nuestras autoridades, si yo no cumplo los requisitos que se me piden, para qué carajos me dan el trabajo«, comentó Jorge Jurado, quien rechazó que su hijo haya pagado para entrar a la corporación.
Cabe destacar que entre los acusados están el titular y el director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel N y Jerónimo Sinohe N, respectivamente; además, otros dos mandos, tres elementos realizaban los cobros entre sus compañeros, y otras 113 personas que estarían acusadas del delito de usurpación de funciones.
«Ella entró (a la Policía Municipal) por los anuncios que pegaron en las paredes que se solicitaban policías municipales, llevó sus papeles y le dijeron que sí. Venimos hasta Puebla por los papeles que pidieron y todo se dio normalmente como lo pidieron», recordó Esmeralda Hernandez quien consideró que el presidente municipal debe ser llamado a cuentas.
Más de 100 personas protestaron frente a la FGE, porque consideran que sus familiares no incurrieron en el delito de usurpación de funciones; por tanto, si hay irregularidades, el alcalde Rafael Núñez sería el responsable.
Cabe destacar que entre los acusados están el titular y el director de la dependencia municipal, Miguel Ángel N y Jerónimo Sinohe N, respectivamente; además, otros dos mandos, tres elementos realizaban los cobros entre sus compañeros, y otras 113 personasque estarían acusadas del delito de usurpación de funciones.
«Eso es falso, totalmente falso, porque yo creo que el ayuntamiento y el alcalde tiene que dar la cara, porque ellos están amparado por un papel que él firmo y que a él le consta que están activos en su trabajo», dijo Guadalupe Rojas, nientras redactaba las leyendas en pancartas fluorecentes para exigir la liberación de su esposo.
