El mapa de los lugares en los que se puede abortar lo determina menos la legislación nacional que los médicos españoles. 

Mercedes Sobreviela, ginecóloga en esta ciudad del noreste de España, cree que la decisión de abortar atañe a las mujeres. Dice que la “decisión adecuada” para una mujer es “siempre la que ella quiera”.

Pero como médico en España, Sobreviela cree que ella también tiene derecho a elegir, y ha optado por no practicar abortos.

Su hospital público, el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, tampoco los realiza. De hecho, ningún hospital público de la región de Aragón, donde habitan 1,3 millones de personas, realiza la intervención.

“Es que nosotros somos médicos, los médicos por vocación estamos para favorecer, para ayudar a vivir, no estamos para decidir este va a vivir o este no”, dijo Sobreviela.

España liberalizó su legislación sobre el aborto en 2010. Anteriormente, solo se permitía a las mujeres abortar en circunstancias extraordinarias, pero las nuevas leyes permiten a todas las mujeres someterse al procedimiento en las primeras 14 semanas de embarazo, sin restricciones.

Pero el mapa de los lugares en los que se puede abortar lo determina menos la legislación nacional que los médicos españoles. En gran número y en todo el país, los médicos se niegan a realizarlos.

La situación en España ofrece un atisbo de lo que puede esperar a otros países en un momento en que medidas muy diferentes en Texas y México han reavivado el debate sobre el acceso al aborto. Los legisladores conservadores de Texas prácticamente han prohibido el aborto en el estado, mientras que, al otro lado de la frontera, la Suprema Corte de México dictaminó este mes la despenalización del aborto en ese país.

La incertidumbre en México es si los doctores prestarán el servicio, una pregunta que ya han respondido muchos médicos en España.

Se autodenominan “objetores de conciencia”, un término acuñado por los pacifistas que se negaban a hacer el servicio militar. Y al igual que aquellos que reclamaban el deber moral de no ir a la guerra, muchos médicos en España dicen que realizar abortos violaría su juramento de no hacer daño, un compromiso, dicen, que se extiende al feto.

“Una cosa es que a ti te parezca bien o mal el aborto, cada persona tendrá su criterio”, dice María Jesús Barco, otra ginecóloga zaragozana que es objetora. “Otra cosa es que lo tenga que hacer yo. Eso es diferente”.

La objeción de conciencia ha ganado terreno en otros países, como Italia, donde fue invocada por médicos que trabajan en hospitales que mayoritariamente no realizan abortos. Y en Argentina, ha limitado los intentos de liberalizar una ley de aborto aprobada el año pasado en aquel país.

En cinco de las 17 comunidades autónomas de España —el equivalente a los estados— ningún hospital público ofrece abortos, según las estadísticas más recientes del gobierno. Las mujeres pueden seguir abortando en una clínica privada subvencionada, pero en muchos casos tienen que cruzar las fronteras regionales para conseguirlo.

Eso fue lo que tuvo que hacer Erika Espinosa, de 34 años, en 2015 cuando su ginecólogo en la ciudad de Logroño no quiso realizar un aborto después de que ella lo solicitó.

“Los médicos intentan convencerte de que no quieres a tu hijo por querer abortar”, cuenta Espinosa, que se fue a la vecina Navarra para interrumpir su embarazo. “Tenía la sensación de estar haciendo algo clandestino”.

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