El OMAL señala que las organizaciones sociales contabilizan que son 26 defensores comunitarios judicializados y más de doce citadas por el Ministerio Público.
La defensa del territorio ante la instalación del gasoducto del Proyecto Integral Morelos ha desencadenado actos de violencia en contra de quienes lideran los movimientos opositores, pues son considerados como obstaculizadores del “desarrollo” y “riqueza” que empresas hicieron creer a algunos habitantes les traería.
En un video documental elaborado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Teresa Castellanos, Enedina Rosas Velez y Juan Carlos Flores, integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala señalaron que durante los 8 años que llevan resistiendo el daño al ambiente, comunidades y despojo han sido amenazados, incluso refieren el asesinato de su compañero Samir Flores Soberanes el 20 de febrero de 2019, quien era un activo opositor al megaproyecto.
El OMAL señala que las organizaciones sociales contabilizan que son 26 defensores comunitarios judicializados y más de doce citadas por el Ministerio Público.
Señalaron que los defensores en Huexca y Amilcingo, Morelos, se encuentran en una situación de grave inseguridad y vulnerabilidad, incluso Teresa Castellanos asegura que todos los días reciben amenazas, vigilan sus hogares y son víctimas de pleitos internos e incluso agresiones.
Enedina Rosas y Juan Carlos Flores, refirieron que fueron encarcelados durante 10 meses acusados de delitos falsos por la CFE, al igual que Jaime Domínguez, quien sufrió la detención ilegal, desaparición por 24 horas y tortura a manos del Mando Único de Morelos.
Consideraron que el incremento de la violencia en su contra tiene por objetivo silenciamiento y paralización de las organizaciones sociales que defienden el territorio, sin embargo, afirman que la resistencia continuará.
