La agrupación advirtió que tomarán las calles a partir de mañana y hasta lograr se cumplan los acuerdos pactados hace tres años.
Por el incumplimiento de los acuerdos por parte de Induvit, USET y Sefoa, a partir de mañana el Movimiento Antorcha Campesina desplegará movilizaciones permanentes en el primer cuadro de la capital para demandar al gobierno del estado la liberación de recursos para vivienda y apoyos a familias de escasos recursos adheridas al Comité Estatal antorchista.
José Orlando Isidro Ramos, coordinador estatal, señaló que tras agotar las vías institucionales y burocráticas, a más de tres años del incumplimiento de los acuerdos con esas tres dependencias estatales y federales, los antorchistas ocuparán las calles como medida de presión.
En rueda de prensa, los representantes seccionales de las zonas Centro, Norte y Huamantla, acusaron no solo la inacción de las autoridades para la liberación de las 45 acciones de vivienda, sino la falta de voluntad política para que las autoridades educativas resuelvan los conflictos en los planteles de Atotonilco y El Rosario, ubicados en el municipio de Tlaxco, quienes reciben clases en instalaciones deficientes.
El Instituto Inmoviliario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala (Induvit) y el Tribunal Agrario han prolongado el litigio que lleva más de tres años sobre los derechos de propiedad de un terreno ubicado en el municipio de San Cosme Xalostoc, donde se construirían unidades habitacionales para 90 familias de escasos recursos.
Sin embargo, los trabajos de construcción en el que las familias han invertido recursos monetarios, han sido detenidos por Rafael Cervantes López, un particular que se ostenta como dueño del predio.
«Responsabilizamos al gobierno estatal por esta actitud de olvido institucional y rechazo. La movilización permanente no es una postura radical ni de chantaje, hemos agotado todas las instancias institucionales y no hemos recibido respuesta; no se trata este de un problema de recursos porque el recurso ya ha sido etiquetado, este es un problema que se resolverá solo con voluntad política», señaló Isidro Ramos.
En total, son seis mil pobladores, entre estudiantes y familias, los afectados, y un monto detenido de ocho millones 100 mil pesos, acotaron esta tarde.
