Quezada criticó que existiera una filtración de información antes de que las autoridades comunicaran de manera oficial el arresto.
La Fiscalía General del Estado (FGE) violó la Ley Federal de Víctimas al filtrar información personal sobre la vida privada de la activista Cecilia Monzón, quien en vida formó parte de esa organización, consideraron Socorro Quezada Tiempo y Marina Cortés, integrantes de la Red Plural de Mujeres de Puebla.
También responsabilizaron a la FGE y al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta de las agresiones que puedan sufrir cualquiera de las activistas que conforman la Red, tras los pronunciamientos que han hecho por el feminicidio de la abogada feminista.
Luego de que ayer la FGE detuvo a Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación de Mario Marín, como presunto autor intelectual del asesinato de Monzón, Quezada criticó que existiera una filtración de información antes de que las autoridades comunicaran de manera oficial el arresto.
Consideró una agresión a los derechos humanos de la víctima y de sus familiares, que hayan circulado notas donde todo era referido a que Monzón fue asesinada por su ex pareja sentimental, el padre de su hijo, su ex esposa, y un sinfín de alusiones a la relación privada que mantuvo con homicida.
Dijo que tanto la FGE violó el proceso que debe seguir una investigación, al tiempo de considerar que algunos medios dejaron de lado que debían exponer un feminicidio y no un crimen pasional.
“No estoy culpando a los medios sino a la Fiscalía que era la única que conocía las actuaciones y todo lo demás. Es muy lamentable que le quieran dar un uso político a tan grave acontecimiento. Con las filtraciones que se dieron los comentarios fueron: ¿para qué anda con él?, ¿cómo es posible que hayan procreado un hijo? la revictimizaron a ella, a su hijo y a toda su familia”.
Por lo anterior, insistió en responsabilizar a la FGE y al gobierno estatal si llegaran a agredir a cualquiera de las integrantes de la red, debido a que todas ellas están realizando pronunciamientos contra las instituciones y quienes las dirigen en un estado donde se permite callar la voz de las activistas a tiros, como en los casos de Griselda Tirado en 2014 y de Meztli Sarabia en 2017.
