Esta situación ha permitido que circulen rutas en zonas que no les corresponde y ha ocasionado una serie de conflictos entre los mismos permisionarios
El dirigente de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala, Valentín Meléndez Tecuapacho, acusó a 20 presidentes municipales quienes presuntamente han otorgado permisos a diferentes empresas del servicio colectivo lo que ha permitido que circulen rutas en zonas que no les corresponde.
El tema, dijo, ya es revisado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para acabar con esas irregularidades.
Se trata de alcaldes de la zona sur y norte mismos que han otorgado permisos, situación que rebasa sus atribuciones, ya que son, los primeros al ser responsables en promover la invasión en algunas rutas, respaldando así la circulación del servicio colectivo sin previo permiso, esta acción es solo competencia de la Secretaría de Movilidad, aclaró.
Se trata de un tema de intereses entre algunos alcaldes y líderes transportistas, para seguir explotando al sector transporte con acciones fuera de la ley, como ocurre con la empresa Flecha Azul, que, a pesar de tener permiso federal, sus unidades circulan por rutas que no les pertenece, pero lo han hecho bajo la complacencia de las autoridades pasadas, por lo que ahora la nueva secretaría de movilidad está verificando estas inconsistencias.
Meléndez Tecuapacho, señaló que este problema también se presenta en la parte de la vía acorta, pero la autoridad municipal aún no entiende que sus facultades sólo tienen efecto en algunos rubros de su demarcación como el cobro por el uso de suelo, el otorgar un permiso para la operación de un negocio entre otras cosas, pero no así para el transporte público.
En este orden aseguró que las empresas sobreviven de las tarjetas que les cobra a diario a las unidades, 150 pesos, y son más de 100 que están fuera del contexto legal; en conjunto es una cantidad importante de dinero obtenido de forma irregular.
Precisó que los presidentes municipales que incurren en estas atribuciones desconocen sobre cómo opera el servicio colectivo y otorgan permisos que no son de su competencia, lo que ha motivado una serie de conflictos y confrontaciones entre los mismos permisionarios.
