También demandaron al gobierno estatal el esclarecimiento de los asesinatos de los compañeros defensores del territorio Antonio Esteban y Manuel Gaspar
Pobladores de la Sierra Norte de Puebla denunciaron que las empresas transnacionales en colusión con autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno no cesan de violar los derechos de los pueblos al autorizar nuevos permisos y concesiones a las empresas Deselec-Comexhidro y Almaden Minerals para la instalación de Proyectos de Muerte.
En rueda de prensa, representantes de una veintena de organizaciones exigieron la cancelación de permisos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó para la construcción de la presa Zoquiapa en el municipio de Tlapacoya que abastecerá de luz a WalMart y la hidroeléctrica Puebla 1 y de nuevos permisos de exploración y explotación de oro y plata
Demandaron al gobierno estatal el esclarecimiento de los asesinatos de los compañeros defensores del territorio Antonio Esteban y Manuel Gaspar que no deben quedar impunes y el cese a la criminalización de defensores opuestos a la instalación de líneas de alta tensión de la Comisión federal de electricidad en Cuetzalan.
Acusaron que las comunidades nahuas, totonacas, otomíes y mes tizas han sufrido constantemente, desde 2011, una sistemática invasión de terrenos sin autorización de los dueños, hostigamiento para vender nuestras tierras, difamaciones, amenazas, denuncias penales con delitos fabricados, una simulación de consulta indígena y lo más grave, el asesinato de tres compañeros por defender el agua y la vida.
Líderes de las organizaciones y académicos señalaron que pese a que estudios elaborados por especialistas sobre los daños irreparables de la instalación de hidroeléctrica al territorio poniendo en riesgo la vida de miles de familias totonacas y nahuas, la SEMARNAT continúa otorgando permisos a nuevos proyectos.
A la trasnacional Deselec, el pasado 3 de julio le fue autorizada la construcción de la presa Zoquiapa, parte del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Comexhidro para generar electricidad para Walmart sobre la cuenca del rio Ajalpan.
Con la misma irresponsabilidad Semarnat ha autorizado a Minera Gorrión filial de la canadiense Almaden Minerals trabajos de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán a sabiendas de que como se le informó desde el año pasado ya se han secado fuentes de agua, han muerto animales y se han contaminado barrancas con miles de litros de dieses utilizados por la empresa.
Denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó concesión para el uso y aprovechamiento delas aguas superficiales del río Ajajalpan y ha hecho caso omiso para evitar daños a nuestras fuentes de agua por las acciones de la minera en Ixtacamaxtitlán.
Tanto la SEMARNAT como CONAGUA, con sus acciones y omisiones han violentando gravemente los derechos establecidos en el artículo 2 dela constitución y en el Convenio 169 dela Organización Internacional del Trabajo.
“Queremos alertar a los tres niveles de gobierno y a la población en general que estamos en un momento de muy alto riesgo, ya que por una parte Almaden Minerals está por presentar la manifestación de impacto ambiental a Semarnat para avanzar a la etapa de explotación de minería a cielo abierto y por otro lado, Deselc-1 Comexhidro está en espera de resolución de CONAGUA para que le concesione agua del río Zoquiapa con lo que podría iniciar construcción del proyecto hidroeléctrico.
“De concretarse las autorizaciones pendientes por parte de Semarnat y Conagua para dichos proyectos de muerte, se pondría en riesgo la vida de miles de familias campesinas indígenas, se generarían daños ambientales irreparables y se crearían condiciones de una posible confrontación y profundización dela violencia que llega ya a situaciones insostenibles”, sostuvieron los defensores del territorio.
“¡Exigimos paz!”
“Queremos que empresas nos dejen vivir en paz a habitantes de la Sierra Norte” fue el llamado de representantes de la Unión De Ejidos y Comunidades Atcolhua En Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Organización Tutunaku Nahua en Defensa del Territorio y de sus Pueblos, Consejo Tiyat Tlalien Defensa de la Vida y el Territorio, Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Unión de Cooperativas TOSEPAN.
Así como de la Unidad Totonaca Nahua, Maseualsiuamej Mosenyolchikauanij, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Instituto Mexicano Para El Desarrollo Comunitario, Pastoral Social, Timomachtikan, Voces De La Tierra, Centro de Estudios Ecuménicos, Movimiento Atzin, Ciudadanos Unidos De Tlatlauquitepec y Miocup-Cnpa-Mn
Describieron que el deseo de los pobladores es seguir produciendo alimentos para el sustento de sus familias y cuidar nuestros recursos naturales, respetando sus usos y costumbres, celebrando sus danzas, como lo hacían antes de que las Almaden Minerals y Comexhidro-Walmart y otras empresas irrumpieran y se instalaran en el territorio.
Organizaciones este lunes hicieron público su pronunciamiento en el que reafirmaron su decisión de defender el agua, la tierra y el derecho a la vida, a la salud y al territorio ejerciendo su derecho a la libre determinación por lo cual declararon territorios libres de minería y de proyectos extractivos los ejidos y comunidades de Loma Larga, Cuauihtic, Tateno, Cruz de Ocote y Tecoltemic del municipio de Ixtacamaxtitlán, así como las comunidades totonacas que habitamos a lo largo del río Ajajalpan.
Exigieron al gobierno federal, en particular a la Secretaría de Medio Ambiente y la Conagua se abstengan ya de autorizar cualquier nuevo permiso o concesión a Almaden Minerals y a Deselec 1-Comexhidro y cumplan ya con su obligación de proteger y garantizar sus derechos establecidos en el artículo 2 de la constitución que establece el derecho preferente de e los pueblos indígenas al uso aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro territorio.
Exigieron al ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán mantenga su compromiso hecho a la población de no autorizar a la minera Minera Gorrión ni a la Minera Gavilán, filiales de Almaden Minerals, el cambio de uso de suelo, de construcción ni uso de explosivos lo que sería un atentado contra la vida.
Responsabilizaron tanto al gobierno estatal como al federal de la profundización de la violencia hacia defensores y defensoras del territorio que podría generarse en caso de que se continúe poniendo los intereses económicos de grandes empresas privadas por sobre sus derechos como pueblos indígenas y ciudadanos.
