La intención es sentar mecanismos de nombramiento y remoción del titular de la FGR, control interno, toma de decisiones colegiadas y rendición de cuentas.
Coparmex Tlaxcala inició la recolección de al menos tres mil 900 firmas digitales en el ámbito local, para sumarlas a la meta de 110 mil previstas por la organización a nivel nacional antes del 1 de septiembre, con la intención de impulsar la reforma al artículo 102 constitucional e impulsar la conformación de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), empezó la campaña #Reforma102, que busca apuntalar la FGR como una institución que autónoma, independiente y eficaz, en sustitución de la PGR, la cual es considerada “inoperante”.
Sobre el tema, el presidente del CET adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Noé Altamirano Islas, explicó la intención de la reforma es, entre otras cosas, sentar mecanismos de nombramiento y remoción del titular de la FGR, control interno, toma de decisiones colegidas y rendición de cuentas.
La iniciativa privada quiere contribuir en la construcción de una institución que cuente con autonomía respecto al Poder Ejecutivo; titulares seleccionados a partir de características como un alto perfil profesional; mandato limitado a un periodo de seis años en el caso del Fiscal General; Fiscalías Especializadas independientes en materia electoral, anticorrupción y derechos humanos; un Consejo del Ministerio Publico que supervise el cumplimiento de los objetivos; y activación del servicio de carrera.
De acuerdo con un comunicado emitido por la dirigencia nacional de Coparmex, la inoperatividad de la actual PGR ha hecho posible que en México:
– La impunidad en la cual se contabiliza más de 37 mil desaparecidos desde 2007, y más de 120 mil homicidios desde 2012, incluidos los cometidos contra periodistas y activistas de los derechos humanos.
– La corrupción, que deja sin castigo a los responsables de casos como los de Javier y César Duarte, Odebrecht y la Estafa Maestra.
– La persecución política, que lo mismo amenazó a López Obrador con el desafuero derivado del caso de El Encino, que acorraló años después a Ricardo Anaya en otra elección presidencial.
– La incompetencia y el abuso de poder, que se tradujo en una investigación ineficaz, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa.
Desde septiembre de 2017 planteamos al Congreso de la Unión la necesidad de una transformación a fondo de la actual PGR, y con otras organizaciones impulsamos, con instrumentos legislativos apropiados, la conformación de la Fiscalía General independiente.
Sin embargo, en la ruta ordinaria, los cambios legislativos no llegaron para hacer posible esta transformación, por ello, en uso de nuestros derechos ciudadanos y en el marco de la ley, hoy iniciamos el proceso para impulsar la Iniciativa Ciudadana que haga realidad nuestro anhelo de que México cuente con una Fiscalía General de la República moderna.
La Iniciativa Ciudadana #Reforma 102, para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo contribuir para la construcción de una institución que cuente con:
1.- Autonomía respecto del Poder Ejecutivo, lo que supone mecanismos estructurados de designación, con participación de la sociedad, y de separación, con previa autorización legislativa.
2.- Titulares seleccionados a partir de características como un alto perfil profesional, experiencia e independencia.
3.- Mandato limitado a un periodo máximo de 6 años el Fiscal General.
4.- Fiscalías especializadas independientes en materia electoral, anticorrupción y derechos humanos.
5.- Un Consejo del Ministerio Público que supervise el cumplimiento de los objetivos y las metas de la Fiscalía General.
6.- Activación de servicio de carrera, para asegurar altos niveles de rendimiento.
El nombramiento de un Fiscal General que en los hechos -pero también en la ley- goce de autonomía, supone que los candidatos en primera instancia sean propuestos por la sociedad civil, preservando el papel definitorio que en la designación compete al Presidente y al Senado.
Hoy sabemos que el 58% de los mexicanos piensa que las organizaciones de la sociedad civil deben ser parte activa del proceso de designación del Fiscal General, en tanto que solamente un 28% de los mexicanos opina que solo deben concurrir las autoridades referidas en la designación.
Estamos conscientes que una transformación de gran calado como nuestra propuesta lleva su tiempo, y que además de la selección de un Fiscal General con la participación de la sociedad, se requiere de la instrumentación de diversos cambios legales, empezando por una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General. Por ello proponemos un Fiscal de Transición, que esté en funciones a partir de diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021.
