Más de 20 años de descargas residuales de las más de mil empresas ha ocasionado el incremento de la mortalidad infantil y Cáncer en San Martín Texmelucan y municipios de Tlaxcala.
Los niños que viven en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, población ubicada junto al corredor industrial que descarga aguas residuales en el río Atoyac, presentan daño genotóxico severo, asociado al envejecimiento prematuro, enfermedades crónicas y retraso en el crecimiento corporal, reveló la investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dra. Regina Montero.
«El caso más alarmante se encuentra en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, y otras localidades de Tlaxcala en donde encontramos que la mortalidad por cáncer puede llegar a ser de 950 a mil 304 por ciento más alta que la media nacional», agregó Alejandra Méndez Serrado, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local.
Durante el “VI Congreso Diocesano por el Medio Ambiente”, la investigadora de la UNAM dio a conocer los resultados de la investigación sobre la capacidad de la excreción de los tóxicos, o capacidad de las personas para expulsar los tóxicos a los que están expuestos permanentemente entre niños del municipio de Tepetitla y niños del municipio de Ixtenco, poblado en el que no hay corredores industriales ni están expuestos a descargas residuales.
«Los estudios coordinados por la Dra. Montero son importantes porque muestran que la exposición crónica a niveles de contaminantes tiene un efecto medible en los niños en crecimiento, que puede afectar el que no se desarrollen plenamente o padezcan enfermedades crónicas en edad temprana», señaló Alejandra Méndez Serrado, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local.
La organización además detectó que a nivel local solo el 0.77 por ciento de las 11 mil 95 empresas establecidas reportan sus contaminantes y descargas al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), por lo que dejan al 99 por ciento de las empresas descargar sin revisión.
Además, señalaron que la contaminación ha provocado, en los municipios que franquean el río Atoyac, un aumentado el número de muertes por cáncer.
Señalaron que la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce todos estos problemas e insta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a detener la contaminación ambiental y reparar el daño.
Sin embargo, a un año de la recomendación, las autoridades no han cumplido. Por ello, las organizaciones impulsoras de la queja ante la CNDH: Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Comisión Diocesana de Pastoral Social, la Pastoral de Derechos Humanos y el Centro Fray Julián Garcés, exigieron «diálogo abierto entre las autoridades y las comunidades para dar inicio a una solución efectiva a esta crisis y evitar la pérdida de más vidas».
Pidieron que las autoridades elaboren el Plan de Restauración Ecológica de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que las empresas transformen sus procesos de producción, que las autoridades locales reparen el daño y generen mecanismos para un diálogo respetuoso y constructivo con la comunidades afectadas que han delineado un plan comunitario de saneamiento, del que las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento.
