A la procuradora la CEDH le pide que instruya a los ministerios públicos para dar trámite a las investigaciones iniciadas por linchamiento.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación general 02/202, dirigida a las autoridades estatales y municipales, por permitir los linchamientos en los municipios de Chiautempan, Mazatecochco y Nopalucan, lo que derivó en la violación de los derechos a la vida, la seguridad y la protección de tres personas.
La CEDH señala que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los presidentes municipales Pedro Pérez Vázquez de Nopalucan; Gustavo Jiménez Romero de Chiautempan y Leandra Xicohténcatl Muñoz de Mazatecochco, no brindaron la protección oportuna a las personas linchadas durante 2022, por lo que no se les garantizó el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica.
Precisa que la llamada “justicia por propia mano” está constitucionalmente prohibida y es considerada como un delito debido a que la justicia penal no puede subordinarse a la opinión de un grupo de pobladores.
La recomendación abarca a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, y a los otros 57 alcaldes de Tlaxcala para recordarles la obligación para prevenir la violación de derechos de los cuidados y garantizar los procesos legales contra presuntos delincuentes, pero además alerta a las autoridades de que la impunidad y el aumento de los delitos se relaciona con los casos de linchamientos por el hartazgo de la sociedad.
De ese modo, la CEDH recomienda a la SSC realice campañas de prevención y cultura de la legalidad, analice el Protocolo de Actuación para Prevenir y Atender Linchamientos, cree un esquema de coordinación entre las autoridades e inicie procesos administrativos contra elementos de seguridad omisos en garantizar los derechos de legalidad y a la vida de las víctimas.
Por su parte, la comisión recomienda a los presidentes y presidenta de Nopalucan, Chiautempan y Mazatecochco la reparación del daño a cada una de las víctimas indirectas de los linchamientos, así como continuar con los procesos penales contra los responsables.
A la procuradora la CEDH le pide que instruya a los ministerios públicos para dar trámite a las investigaciones iniciadas por linchamiento y a todas las autoridades municipales a que mejoren sus instalaciones para garantizar la seguridad de los detenidos, capacitar al personal sobre el protocolo de actuación para prevenir y atender los casos y promover campañas sobre la cultura de la legalidad así como colaborar con las autoridades estatales para entender, analizar y atender el fenómeno.