La ombudsperson Jakqueline Ordoñez puntualizó que no se ha recibido ninguna queja de estudiantes y la investigación se realiza a petición del titular de la SEPE
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado de Tlaxcala inició una investigación para determinar si existe o no hostigamiento por parte elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), contra alumnas de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla, derivado de la manifestación del pasado lunes.
La presidenta del organismo autónomo, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, puntualizó que hasta ahora no ha recibido ninguna queja directa de las estudiantes de la normal y que la investigación se realiza a petición del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández.
“El día de ayer me hizo llegar un documento en el cual las representantes de este grupo de personas exponen la versión de que han sido víctimas de algún tipo de acoso. No exponen nombre, no exponen mayores datos, entonces, derivado de esta comunicación con el secretario de educación es que nosotros ya iniciamos una investigación al respecto para identificar a las posibles víctimas y en determinado momento identificar hechos posiblemente constitutivos de violaciones”, declaró.
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Alumnas de la normal denunciaron que, durante su movilización en la carretera Tlaxcala-San Martín Texmelucan, a la altura de Zaragoza, elementos de seguridad estatal retuvieron e incomunicaron a dos estudiantes por cuatro horas, tiempo en el cual, aseguran, fueron “torturadas psicológicamente”, para después abandonarlas en un predio apartado de la institución educativa.
La ombudsperson aseguró que, en cada manifestación de las normalistas, personal del organismo acude como observador a solicitud de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC); además, participan de uno a tres visitadores en las mesas de diálogo entre la autoridad educativa y las estudiantes, para vigilar cómo se dirige la autoridad ante las manifestaciones.
Ordoñez Brasdefer aclaró que no tiene un plazo para definir la existencia de la probable violación a los derechos humanos, aunque una vez que los observadores cuenten con los elementos de posibles faltas, se abrirá un expediente de queja. Por el momento, dan seguimiento a la negociación.