Estas femini-mantas verdes fueron desplegadas desde muy temprano en Tlapa Guerrero, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Edomex.
La consigna “Aborto Legal Puebla” se lee en una mega pañuelo verde que esta mañana fue colocada en el puente de la 31 poniente y boulevard de la 5 de Mayo, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con esta expresión, Puebla se suma a la acción nacional por la exigencia para el aborto legal y seguro en el país. Voceras de colectivos feministas aseguraron que esta manta desplegada en una de las avenidas más concurridas del Estado, es un recordatorio de la deuda pendiente que tiene el estado para que las mujeres que interrumpen embarazos lo hagan en condiciones legales y seguras.
Señalaron que a pesar de que existen causales legales, como cuando el embarazo es producto de una violación, las mujeres enfrentan grandes dificultades para acceder a procedimientos adecuados.
Estas femini-mantas verdes fueron desplegadas desde muy temprano en Tlapa Guerrero, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Estado de México, Durango, Chiapas y Ciudad de México, como réplica también del pañuelo verde, símbolo de esta lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, para no morir.
Colectivos feministas poblanos se han sumado a “la marea verde” que se inició en Argentina y que ya recorre toda Latinoamérica llevando a debate la criminalización y cárcel a las mujeres por interrumpir su embarazo, la muerte en los consultorios clandestinos, y la decisión de la maternidad sea una realidad.
Feministas han planteado que las muertes por abortos inseguros son prevenibles y constituyen un problema de salud pública.
Las cifras demuestran que en México, 54 por ciento del total de embarazos no planeados terminan en abortos inducidos, 34 por ciento en nacimientos no planeados y 12 por ciento en abortos espontáneos.
Además, una de cada cuatro mujeres muere por no tener acceso a un aborto legal y seguro, a esto se suma la criminalización de quienes han abortado.
Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), en los años recientes han sido criminalizadas en el país 4 mil 246 personas por el delito de aborto, en su mayoría mujeres, además de personal de salud.
También, a la fecha hay 136 mujeres presas por aborto o denunciadas por homicidio en razón de parentesco.
En el informe Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México, Gire indica que el alto precio que pagan las mujeres por la criminalización del aborto es resultado de la falta de voluntad política del Estado mexicano.
Expone que cuando las mujeres llegan a los servicios de salud con abortos en evolución son tratadas como sospechosas; se les cuestiona, son maltratadas, denunciadas por el personal de salud y de inmediato el Ministerio Público las interroga.
El estudio añade que en algunos casos las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco, con penas de hasta 50 años.
La persecución de casos de abortos o partos fortuitos como homicidios calificados evidencia que, lejos de buscar sanciones coherentes y proporcionales, la motivación detrás de las actuaciones de agentes ministeriales y judiciales es la estigmatización de las mujeres y la imposición de castigos ejemplares.
