Enfocada en lo que sucede en Estado de México, AI expone los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la justicia en otras entidades
Amnistía Internacional (AI) ha llamado a los congresos estatales a aprobar presupuestos especiales para fortalecer las fiscalías y procuradurías que atienden las denuncias de feminicidio y desaparición de mujeres, a fin de erradicar los errores que se cometen en la investigación y tipificación de los delitos de género.
En el informe “Juicio a la justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en Estado de México”, AI sugiere que lo que pasa en ese estado podría estar reproduciéndose en otras entidades con reportes de delitos contra las mujeres, como Puebla y Tlaxcala, que no se investigan o se investigan mal.
Por ejemplo, en 2020 la organización internacional documentó 403 muertes violentas de mujeres en el Estado de México, de estas, solo se investigan 150 como feminicidio y el resto, 253, como homicidio doloso, es decir, apenas del 37 por ciento o tres de cada 10 muertes violentas de mujeres.
Lo mismo sucede en Puebla y Tlaxcala. Amnistía Internacional documentó en Puebla 133 muertes de mujeres por razón de género durante 2020, de las cuales, la fiscalía estatal solo investiga 52 como feminicidio y 81 como homicidio doloso, lo que equivale a 39 por ciento de los casos bajo los protocolos de homicidio por razón de género.
Del mismo modo, en Tlaxcala solo se investigan como feminicidios seis muertes violentas de las 23 documentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el resto, son catalogados como homicidios dolosos y con eso se les despoja del carácter con el que se ejerce violencia contra las mujeres en el país.
Con esas cifras se mira que solo 26 por ciento de las muertes violentas en Tlaxcala durante 2020 fueron tipificadas como feminicidio y lo mismo sucede en los otros 29 estados del país, sugiere la organización internacional.
Si bien el informe investiga las condiciones del acceso de la justicia en Estado de México, enumera falencias que se podrían darse en otras entidades cuando las familias denuncian una desaparición o feminicidios: pérdida de pruebas y evidencia, investigación deficiente y sin perspectiva de género, revictimización de las familias que invierten tiempo y dinero en investigar.
AI destaca que la pérdida de evidencia en el caso del feminicidio es una constante en las fiscalías o procuradurías estatales, lo que obstruye la tipificación como feminicidio debido a que es necesario probar la existencia de las circunstancias previstas por la legislación para acreditar el tipo penal, como la existencia de una agresión sexual previa a la muerte o la exposición pública del cuerpo, según los códigos estatales.
Entre las recomendaciones que AI lanza a los gobierno estatales destaca pagar salarios dignos a los investigadores para que ejerzan su profesión de la mejor manera y dotarlos de equipo y perspectiva de género, no revictimizar a las familias y distinguir las agresiones de género.
