Será hasta el próximo 13 de enero cuando se emita una postura sobre la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Cuando se sufre una tragedia, lo que haces es buscar ayuda y refugio en las autoridades, sin embargo es lamentable cuando ellos mismo te hunden más; el calvario que vivo no se lo deseo a nadie, incluso a las mismas autoridades”, señaló Olga Tezmol Juarez, madre de la niña Karla Romero.
La menor de once años de edad, se extravió el pasado 13 de enero de 2016 cuando se dirigía a la escuela Primaria Cuauhtémoc ubicada en la Comunidad de San Nicolás, municipio de San Pablo del Monte alrededor de las 8:00 horas.
Hay quienes aseguran que sufrió un levantón en un carro color negro, otros dicen que fue una camioneta roja donde dos hombres la privaron de la libertad y se dieron a la fuga rumbo a la ciudad de Puebla, sin embargo nadie se atrevió a declarar ante las autoridades de lo presenciado.
Tres años después la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) finalmente dirigió la Recomendación 83/2018 al gobernador de Tlaxcala en el que denunció que la PGJE de esa entidad obstaculizó el acceso a la justicia de la familia, retrasó intencionalmente los protocolos de búsqueda.
Al respecto Tezmol Juárez, reconoció que existe un sentimiento de molestia y de coraje en contra de todos aquellos funcionarios estatales que se involucraron en la supuesta investigación de Karla Romero Tezmol cuando se perdió.
Pero adelantó que será hasta el próximo 13 de enero cuando se emita una postura sobre la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se reconoce que el gobierno de Tlaxcala incumplió con el Protocolo de Investigación Ministerial de los Delitos Relacionados con Desaparición de Mujeres al omitir que la pequeña pudiera ser víctima del delito de trata de personas.
Lo anterior ya fue contestado mediante un comunicado por el Gobierno del estado, donde se informó que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se encuentra en el tiempo que establece la ley para responder la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso de la desaparición de una menor de edad en 2016, cuando se encontraba en funciones la anterior administración estatal.
