Hicieron responsables a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Evo Morales, presidente de Bolivia, por los daños ambientales que los ponen en peligro.
A través de una carta abierta, los indígenas de la cuenca amazónica se declararon en emergencia humanitaria y ambiental a raíz de los incendios que ya han arrasado miles de hectáreas de bosque en la Amazonia. Hicieron responsables a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Evo Morales, presidente de Bolivia, por los daños ambientales que los ponen en peligro.
El bioma amazónico mide cerca de 6.4 millones de kilómetros cuadrados. Es considerado el bosque continuo más extenso del mundo y por lo mismo es clave en la lucha contra el cambio climático. Pero su conservación no es gratuita. En la Amazonia viven cerca de 400 pueblos indígenas que han coexistido con la biodiversidad de las selvas tropiales por miles de años.
Hoy, a través de una carta pública, se declararon en emergencia «ante la evidente incapacidad y falta de voluntad de los estados de Bolivia y Brasil para proteger a los pueblos indígenas y a la biodiversidad ante los incendios forestales en la Chiquitania boliviana en Santa cruz de la Sierra y los estados de Acre, Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del sur en Brasil«.
La razón son los incendios que ya han devorado miles de hectáreas en la Amazonia de Brasil y Bolivia. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileño (INPE) ha registrado en este 2019 un aumento en los fuegos de alrededor de un 83 por ciento en comparación con el mismo período de 2018. En Brasil, la extensión de los incendios obligó a estados amazónicos como Amazonas y Acre a declarar en alerta ambiental debido por las humaredas.
Bolivia también sufre de incendios. En Bolivia se ha deforestado en los últimos años un área del tamaño de 204.000 campos de fútbol, dice el diario berlinés Neues Deutschland, basado en la Fundación Tierra. Solo entre los años 2000 y 2015, Bolivia perdió 3,26 millones de hectáreas de bosques naturales, según DW. (Satélites muestran cómo arde la Amazonia de Brasil)
La carta fue hecha pública a través de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que agrupa a las organizaciones indígenas de los nueve países que comparten el bioma amazónico. Las organizaciones reconocieron que nivel internacional existe un interés común en encontrar modelos de desarrollo alternativo en el que prime la protección de la biodiversidad, la estabilidad climática y las condiciones para garantizar la vida para las generaciones futuras en las que son fundamentales los aportes de los sistemas de conocimiento tradicional y espiritual para la vida de los pueblos indígenas.
«Desde hace años los táser hemos advertido sobre la necesidad de cambiar las prioridades en los “Objetivos de Desarrollo Sostenibles” para enfocar todos los esfuerzos sociales, culturales, políticos y económicos en la protección de la vida y del territorio de toda la humanidad, que en una relación armonía y equilibrio puedan garantizar la estabilidad climática global. A pesar de nuestras luchas los avances son pocos, mientras que el modelo económico imperante sigue usando el planeta como un banco de recursos, principalmente los territorios indígenas, con lo que se agrava el riesgo de que el planeta se haga inhabitable, y en donde claramente se evidencia a la luz de los ojos del mundo un Genocidio físico y cultural», escriben en la carta.
Según la COICA, aun cuando se han formulado Declaraciones y Convenios Internacionales, «gobiernos como los de Brasil y Bolivia demuestran su falta de interés, negligencia, racismo y discriminación estructural en contra de la vida y la integridad de los Pueblos Indígenas».
Los indígenas amazónicos hacen responsables a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Evo Morales, presidente de Bolivia, «por la desaparición y Genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía, y que por su acción y omisión se hace cada día más grave y que son pérdidas irreparables para la humanidad». También declararon a sus gobiernos como No Gratos en la Amazonia, y mencionaron que la criminalización a las luchas y organizaciones indígenas y sociales agravaba el problema frente a la pérdida de biodiversidad y desconocía los derechos humanos de los pueblos indígenas.
