El objetivo de las mesas es realizar la valoración jurídica del ambientalista y defensor comunitario Miguel López Vega que se encuentra en el penal de San Miguel.
En Asamblea Pública, pobladores de Juan C Bonilla acordaron establecer una tregua y retirar el bloqueo de la carretera México-Puebla hasta conocer los resultados de la mesa que se establecerá con la Fiscalía General del Estado (FGE) este lunes a fin de realizar la valoración jurídica del ambientalista y defensor comunitario Miguel López Vega que se encuentra en el penal de San Miguel.
Esta decisión comunitaria se tomó tras la reunión de Trabajo que sostuvo una Comisión del municipio de Juan C Bonilla en Defensa del Río y el gobierno estatal representado por el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, José Luis Alegre Maldonado, Director General de Desarrollo Político, misma que fue atestiguada por integrantes de la organización Servicios y Asesoría para La Paz (SERAPAZ).
“La tregua la ofrecemos por la apertura al diálogo que mostró el gobierno del estado, se liberará el bloqueo carretero en los dos carriles y esperaremos los resultados de la mesa en la FGE donde se revisará el caso de nuestro compañero Miguel y entonces valoraremos las acciones”, sostuvo en entrevista Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), defensor de derechos humanos del Front Line Defenders.
Flores Solís en la Asamblea Pública realizada la noche de este domingo dio lectura a los acuerdos de la SG en la que constan los compromisos que fueron firmados por ambas partes.
Como primer punto en el acuerdo se destacó que la Segob responsabilizó a la Fiscalía General de la detención del ambientalista Miguel López Vega y se enfatizó que la “FGE es un órgano independiente”, pero se comprometió a establecer las condiciones una mesa de revisión del caso.
Respecto a la instalación y conexión de las descargas pluviales e industriales de Ciudad Textil que serían vertidas al Río Metlapanapa, el gobierno del estado, representado por Márquez, estableció el compromiso de “revisar a fondo el estado que guarda la normativa legal aplicable de la obra en Zacatepec y de encontrar irregularidades se comprometió a actuar en estricto apego a derecho”.
Prometió también generar mesas técnico jurídicas a efecto de hacer la revisión de la situación que guardan los proyectos que manifestantes consideran, afectan a la población.
Así como convocar una mesa de trabajo con autoridades municipales para la atención de diversas problemáticas con pobladores.
