La CND presentó un Informe Especial en el que explica que hay varios temas por atender para garantiza y protegen los derechos de la infancia en condición de vulnerabilidad.
Los Centros de Asistencia Social (CAS) para Niños, Niñas y Adolescentes en Puebla y Tlaxcala, presentan deficiencias que fueron observadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esto según un informe especial difundido recientemente, lo que impide determinar con claridad si se garantiza y protegen los derechos de la infancia en condición de vulnerabilidad.
En el caso de Puebla se sabe que hay tres denuncias por abuso de los menores dentro de los CAS. En total son 15 estados del país con denuncias de este tipo, siendo el Estado de México el primer lugar con 136 casos, seguido de Chihuahua y Veracruz con 41 y 30 denuncias, respectivamente.
También que en dos Centros no hay servicio médico, situación que también se presenta en otras entidades como Chihuahua e Hidalgo con cuatro casos, Michoacán con tres, y Baja California con dos.
Mientras que los estados de Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz reportaron un centro sin servicio médico cada uno.
El documento informa que del 1 de enero del 2014 al 29 de febrero del 2016, la CNDH recibió un total de 86 quejas de violaciones de derechos humanos en centros de asistencia social, de los cuales Puebla solo reportó una queja en dos años.
Cabe mencionar que en Puebla hay 23 CAS, de los cuales 5 son público y 18 privados. En todos son atendidos un total de 329 menores.
En Tlaxcala no se cuentan con permisos de seguridad e higiene ni accesibilidad, y en tres de los cuatro CAS las instalaciones no están separadas por sexo ni edad y no cuenta con espacios para actividades de infantes con discapacidad, refiere el Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2019.
El reporte obtenido con datos recabados de enero de 2014 a febrero de 2016 y la actualización de información al 31 de julio de 2019, refiere que si bien no existen denuncias en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por maltrato infantil hay deficiencias en sus protocolos y estructura, y obstáculos en el acceso a la información pública sobre su organización y presupuesto.
Los centros que opera el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), firmaron solo 6 convenios de colaboración con dependencias locales, alejados del promedio nacional de 30 convenios por CAS, lo que significa pocos esfuerzos para la aplicación del principio de transversalidad en las acciones del sector para garantizar los derechos.
Tampoco cuentan con un padrón de canalización de menores y adolescentes en proceso de reintegración familiar o adopción, y no informaron sobre el presupuesto que han ejercido, además de que no cuentan con planes, programas y políticas públicas dirigidas a la población residente.
En los cuatro centros públicos de Tlaxcala hay 131 residentes, 54 son niñas y adolescentes y 77 niños y adolescentes.
La CNDH advierte que no existen datos preciso sobre quién opera los centros. De acuerdo a la Ley general de la Niñez deber ser las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales las encargadas de su operación, sin embargo, en la entidad no hay certeza y los CAS siguen bajo la operación del SEDIF como consta en las respuestas a las solicitudes de información.
Los aspectos positivos que destaca la CNDH son que la PGJE no ha recibido denuncias por delitos contra la población menor de edad residente en los CAS.
De las 243 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de la infancia residente, en Tlaxcala solo se ha radicado una que responsabiliza a Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial del Morelos del municipio de Tlaxco.
Del mismo modo, los Centros de Tlaxcala reportaron el menor lapso de estancia -un año- en comparación con Oaxaca que registró un promedio de estancia de tres años.
Las entidades que reportaron el menor tiempo de estancia de niñas, niños y adolescentes después de Tlaxcala son Durango, Nayarit y Sinaloa con 1 año tres meses, así como Chiapas y Tabasco con 1.5 años.
En cuanto a los de mayor lapso de permanencia, después de Oaxaca se encuentran Puebla con 2.9 años, Morelos 2.8, Estado de México 2.7, Michoacán y Tamaulipas con 2.6 años.
Otra buena práctica es que los CAS de la entidad cuentan con una persona de atención por cada 4 niñas y niños menores de un año, y una persona de atención por cada 8 mayores de edad como lo establece la norma; asimismo, tienen el mejor promedio de capacitación de personal cada 15 días.
