El primero anunció en enero de 2017 la conformación de un fideicomiso para ayudar a los transportistas a modernizar al menos mil unidades.
¿Usted cree que el próximo año tendremos un mejor servicio de transporte público, específicamente el 30 de enero de 2020? Yo no. La fecha tiene relación con la condición que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta le impuso a los transportistas a cambio de aumentar el pasaje.
Seguramente usted ya se enteró que a partir del próximo sábado, la tarifa aumentará casi 42 por ciento (41.7%): 8.50 en autobuses y microbuses y 8 pesos en camionetas tipo van. Sin embargo, no debemos perder de vista que, a cambio de esta alza, los concesionarios se comprmetieron a modernizar sus unidades, colocar alarmas en las unidades, como también cámaras de videovigilancia y sistemas GPS, entre otras cosas.
Si los transportistas incumplen su palabra, entonces perderán sus concesiones “No podíamos detener ya un aumento de la tarifa», dijo el mandatario en entrevista.
Y en eso estamos de acuerdo En julio pasado le platiqué que el pasaje se ha mantenido sin cambios desde 2011, tras ser autorizado por el entonces gobernador Mario Marín Torres.
En esa ocasión, los concesionarios obtuvieron un peso de aumento, para fijar en 6 pesos la tarifa para microbuses y camiones y 5.50 pesos para camionetas tipo van.
Desde entonces a la fecha, el único cambio en el pasaje fue registrado en 2014, específicamente en la naciente Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que inició con una cuota de 7.50 pesos en la Linea 1; pero el pasaje no tuvo cambios en el resto del servicio. Los gobernadores Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali y Guillermo Pacheco Pulido no quisieron cargar con el costo político.
El primero anunció en enero de 2017 la conformación de un fideicomiso para ayudar a los transportistas a modernizar al menos mil unidades.
El segundo aterrizó la idea en marzo, cuando inició el Programa Nacional de Modernización al Transporte Público, el cual era promovido por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade quien firmó un convenio con el gobernador Antonio Gali Fayad y el director de Nacional Financiera (Nafin), Jacques Rogozinski.
El programa también sería aplicado en Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. El gobierno federal aportaría cinco mil millones de pesos. Modernizaría 10 mil 500 unidades, de las cuales tres mil serían de Puebla, lo que representaría mil millones de pesos en créditos locales. El plan no funcionó.
En marzo de 2018, el entonces delegado en Puebla de Nafin, José Luis Flores Hernández, dijo que unas cuantas docenas de transportistas se habían acercado para tramitar sus líneas financieras.
¿Por qué? Porque en realidad, los transportistas empezaron a recibir dinero de publicidad, de propaganda gubernamental y tenían la promesa de que habría más en la campaña electoral de ese año. Y la mayor parte llegaría en efectivo, en ‘cash’… y así fue.
Los concesionarios abandonaron el servicio, dejaron que aceleradamente sus unidades se convirtieran en chatarras y apostaron en que algún día, un gobernante autorizaría el aumento en el pasaje que les permitiera retomar el camino.
Ese gobernante es Barbosa, quien tiene la obligación y el reto de ofrecer a los poblanos un transporte eficiente, ad hoc con el pasaje que está a punto de entrar en vigor.
El mandatario sabe que esta decisión tiene un costo político, pero también sabe que si logra elevar la calidad del servicio, entonces tendrá ganancia, en lugar de pérdida. No será fácil, pero nadie quiere enfrentar a un gobernador que está en los primeros meses de su gestiuón constitucional.
Como le dije al principio, Yo no creo que el próximo año tengamos un mejor servicio de transporte público? Y la historia exhiben a los transportistas: nunca han cumplido.
El 30 de enero de 2020 está más cerca de lo que parece, 120 días transcurren muy rápido, veremos si los concesionarios vuelven a tomar ruta.
