Ya es común que hayan balaceras entre uniformados y delincuentes, como también enfrentamientos entre bandas que disputan territorios, sin olvidar las ejecuciones, por lo que la frase más recurrente ahora es que el caso en cuestión sería un ajuste de cuentas.
¿Cuándo perdimos a la Puebla segura que tanto presumíamos en el pasado?
En el sexenio de Mario Marín, aquél que se recuerda más por el caso Lydia Cacho, empezó a notarse el repunte.
Recuerdo que en ese entonces, la frase repetitiva era: son casos aislados.
La pregunta constante de los reporteros al mandatario y a los funcionarios refería a la posible presencia del crimen organizado.
Marín lo negó, sus secretario de Gobernación lo negaron, sus secretario de Seguridad Pública también.
En ese entonces, se llegó a barajar la hipótesis de que Puebla era una zona neutral para las bandas sobre todo de narcotraficantes.
Y la hipótesis tenía sustento.
En Guerrero, en Veracruz, en Morelos, en el Estado de México, en los alrededores de la entidad se notaba el repunte del índice delictivo y en Puebla se vivía una calma chicha.
Además, en la capital angelopolitana y sus alrededores eran encontrados los capos con sus familias en residencias de fraccionamiento de lujo.
Con este escenario, empezó el sexenio de Rafael Moreno Valle.
En la primera mitad de esa administración también fueron descubiertos algunos cabecillas de bandas, pero ninguno de una talla importante.
Llamaron más la atención los operativos policiacos contra manifestaciones para evitar afectaciones a terceros.
En Chignahuapan y en el centro de Puebla, los primeros casos.
Para la segunda parte, el número de tomas clandestinas en ductos de Pemex empezó a multiplicarse.
El Triángulo Rojo comenzó a definirse con rapidez.
Era fácil encontrar huachicol, combustible robado a pie de carretera, en locales, en tianguis, en mercados, en tiendas, en misceláneas.
Jefes policiacos fueron descubiertos cuando escoltaban unidades cargadas con hidrocarburo ilegal.
Se llegó a hablar de que hasta el entonces titular de la SSP, Facundo Rosas, estaría involucrado.
El entonces gobernador y sus funcionarios repitieron hasta el cansancio que el delito del robo de combustible era un delito federal, que estaba fuera de su competencia.
Con la multiplicación de bandas de huachicoleros en el estado, empezó a crecer la violencia, como consecuencia de la disputa del mercado negro.
Sin embargo, fue hasta marzo de 2017, ya con José Antonio Galindo Fayad en la gubernatura, cuando el índice delictivo escaló hasta niveles nunca antes vistos.
El asesinato de policías ministeriales, cuyos cuerpos fueron encontrados en Veracruz, provocó un operativo en el centro neurálgico huachicolero: Palmario Tochapan.
Un soldado murió, cayeron algunos delincuentes, hubo una treintena de detenidos.
Y el presidente Enrique Peña Nieto ordenó el combate a este delito.
Desde entonces a la fecha, se ha librado la guerra más importante contra la delincuencia en la historia de Puebla.
Desde entonces a la fecha, ya es común que se encuentren cadáveres flotando en los ríos y las prensas, abandonados en la vía pública, destazados en bolsas para basura, con carteles que destacan leyendas amenazantes.
Desde entonces a la fecha, ya es común ver a los soldados, marinos y policías federales en las calles de nuestras ciudades. Desde entonces a la fecha, ya es común que hayan balaceras entre uniformados y delincuentes, como también enfrentamientos entre bandas que disputan territorios, sin olvidar las ejecuciones, por lo que la frase más recurrente ahora es que el caso en cuestión sería un ajuste de cuentas.
¿Cuándo perdimos a la Puebla segura que tanto presumíamos en el pasado?, preguntaba.
Con esta relatora, muy sucinta, ya no es tan difícilmente saberlo.
Y recuerde: Nadie es completamente bueno ni completamente malo…
