¿Qué sentido tiene arrojarme una presunta “responsabilidad”, con insinuaciones perversas, por asuntos como el del ICATEP “despedidos desde hace ocho años?
Abelardo Cuéllar Delgado, ex secretario del trabajo en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió que se detengan los ataque en su contra desde la administración estatal, al exponer que son falsas las acusaciones respecto a diferentes juicios laborales.
Mediante un posicionamiento, el ex funcionario, dijo que se ha «orquestado una campaña en medios digitales de comunicación y prensa escrita, preparando el escenario para “justificar” ante la ciudadanía denuncias penales por delitos falsos o fabricados que pueden llevar a la privación de mi libertad.»
Para el abogado, existe «un intento por criminalizar» su trabajo como servidor público.
«No pretendo ningún cobijo de impunidad porque no he cometido delito alguno. La historia reciente de Puebla está plagada de casos de personas inocentes a las que se encerró en prisión sin haber cometido delito y, francamente, no quiero verme en esa situación, que lastima injustamente a las personas y degrada a los gobiernos a la condición de autoritarios y arbitrarios. En mi condición de secretario de ramo me reuní las veces que el gobernador estimó necesarias para informarle de mi gestión. Jamás me hizo comentario sobre irregularidades en mi trabajo, ni me llamó para aclaraciones.»
E insistió: «Al ignorar los verdaderos fines de esta persecución política en mi contra, tengo el temor fundado de que en este clima de hostigamiento se pretenda privarme de mi libertad».
A continuación el comunicado enviado sobre el tema:
Este es un llamado a la mesura, a la prudencia y a la rectificación. No es mi deseo entrar en confrontación de ningún tipo con el gobierno del estado, porque se trata del primer gobierno con presunta orientación política de izquierda en la historia de Puebla, y es necesario acreditar ante la ciudadanía que su conducción de los destinos sociales es política y moralmente diferente a la que se hizo en las gestiones precedentes. Es un llamado a la mesura porque a raíz de mi salida del cargo de secretario de Trabajo, se han venido dando fuertes declaraciones del gobernador en mi contra. Destaco aquí las que me mueven a inquietud. El 18 de mayo pasado, la reportera Paula Macuitl Gallardo le preguntó: “Por otro lado y a propósito del martes ciudadano de ayer donde docentes lograron el pago de una deuda de tres millones de pesos, comentarle que trabajadores del ICATEP despedidos desde hace ocho años por el morenovallismo justamente mediante litigios ganaron laudos por su reinstalación, sin embargo, señalan que el Instituto está dando largas al cumplimiento de las reinstalaciones pues solicitan revisiones de expedientes en los días estipulados por el juez para ser reinstalados; los afectados piden su apoyo ya sea, vía los martes ciudadanos, o cualquier otro día para poder regresar a trabajar y poder sostener a sus familias; comentaron que confían en esta nueva administración de la cuarta transformación de la que usted es partidario; confían en que le dará fin a estos atropellos a sus derechos laborales sufridos durante la gestión de Moreno Valle, preguntarle qué podrían hacer en su caso, para que vuelvan a laborar en tiempo y forma según lo dicte el Juez de Distrito” (sic).
La respuesta fue: “(…). Lo otro del pago, ayer se presentaron maestras de la zona de Tehuacán y Tepeaca sobre un derecho que tienen sobre actividades laborales, sobre actividades, y de ciento veintitantos maestros; a ver, se debe, se paga. Nosotros no debemos un peso a ningún trabajador de la educación, los trabajadores de la educación cobran por todo, no crean que hacen una cosa de gratis; si van a la escuela cobran, si regresan a la tarde cobran; esa es una cultura, que así sea pues, que siga siendo así. Y el caso de los trabajadores del ICATEP, también ya tengo informe; había un descuido de parte del Gobierno, porque así han sido los Gobiernos de Puebla, donde sus áreas jurídicas están llenas de abogados incompetentes, todos los juicios pierden, todos, y muchos de esos juicios se coluden con los abogados, y el caso de ICATEP fue un caso muy fuerte, muy fuerte, muy, muy, fuerte, en el que tiene responsabilidad el anterior Secretario de Trabajo, sí, sí la tiene, y lo digo claramente; entonces, vamos nosotros a reinstalar, vamos a pagar, negociar el tema de los salarios caídos, para que se reincorporen todos; ya se hizo el dictamen de todos los laudos que hay en contra del Gobierno; yo no soy de los que voy a evitar pagar; somos el Gobierno del que se pateó el bote, fueron pateando el bote nada más. Sí, y aquí cayo el bote para pagar; y yo ya tengo el análisis de los miles de asuntos que hay y de los miles de laudos que hay, y ya antier tuve una reunión por la noche con abogados privados, especialistas en derecho laboral, y vamos a hacer, bueno ¿saben cuánto lleva pagado mi gobierno en laudos del tiempo que soy gobernador a la fecha? Doscientos treinta y tantos millones de pesos; sí, ¿y saben quién me pidió autorización para ello? Nadie. No tenía yo, no tenía yo, no tuve conocimiento de eso; sí, porque los jurídicos se coludían con los abogados del trabajador actor y pedían el dinero; y los secretarios se ponían muy nerviosos y pagaban; más de doscientos millones de pesos. Entonces fue cuando yo asumí el timón de esto, y pedí que se hiciera un dictamen y antier me presentaron el dictamen. Y lo vamos a hacer con mucho orden, vamos ir pagando con mucho orden todo; nunca vean ustedes solamente el lado, un lado, nunca vean solo un lado, por favor, si son periodistas serios, que lo son, vean los dos lados, vean los dos lados, no es así; ustedes presentan las cosas como uf, los inocentes, los vejados; no, no, no, revisen los antecedentes, revisen los antecedentes, sale…” (sic).
A partir de dicha declaración se ha orquestado una campaña en medios digitales de comunicación y prensa escrita, preparando el escenario para “justificar” ante la ciudadanía denuncias penales por delitos falsos o fabricados que pueden llevar a la privación de mi libertad.
Es un llamado a la prudencia, porque las y los trabajadores despedidos que acuden ante los tribunales del trabajo (Junta Local de Conciliación y Arbitraje o Tribunal de Arbitraje) lo hacen porque su derecho a la ESTABILIDAD LABORAL en el empleo se vio afectado. Eso es parte de una realidad que se presenta todos los días tanto en el ámbito privado, como en el público. Sostener que las y los trabajadores acuden a los juicios laborales para armar contubernio entre los abogados de los empleadores y sus abogados defensores es un argumento carente de sentido. Los poblanos conservamos en la memoria la injusticia que significó el despido arbitrario de miles de trabajadores en anteriores administraciones gubernamentales, que, llevados a juicio, fueron los tribunales -por cierto, no los locales- los que determinaron lo injusto de los despidos y emitieron la condena a reinstalar y a pagar salarios caídos. Del dominio público siempre fue que un despacho asesoró en la defensa a un grupo numeroso. A sabiendas de ello, desde el inicio del nuevo gobierno fui llamado por el gobernador a ocupar la Secretaría de Trabajo. ¿Con qué intención? ¿Neutralizar mi función social como abogado? ¿Hacerme secretario de estado para no pagar esos laudos? ¿o para entrar en contubernio como él dice?
Qué sentido tiene arrojarme una presunta “responsabilidad”, con insinuaciones perversas, por asuntos como el del ICATEP “despedidos desde hace ocho años por el morenovallismo”, o, “porque así han sido los Gobiernos de Puebla, donde sus áreas jurídicas están llenas de abogados incompetentes, todos los juicios pierden, todos”; o, que “los jurídicos se coludían con los abogados del trabajador actor y pedían el dinero; y los secretarios se ponían muy nerviosos y pagaban”; o, que “antier tuve una reunión por la noche con abogados privados, especialistas en derecho laboral”. ¿Dónde está mi responsabilidad como secretario de Trabajo en todo ello? El hecho mismo de que el gobernador confiese haberse reunido con “abogados privados” para revisar los asuntos laborales del gobierno, es un insulto para la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, una de cuyas funciones conforme al artículo 22 fracciones XII, XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, es coordinar a “los jurídicos” de las distintas dependencias; los abogados que han defendido o actuado a nombre de la Administración Pública del Estado de Puebla, o de los Organismos Públicos Descentralizados, como el ICATEP, fueron designados por el titular de la Consejería Jurídica -dependiente directa del Gobernador por ser su órgano auxiliar- y no por el Secretario de Trabajo.
Afirmar que “los secretarios se ponían muy nerviosos y pagaban”; “¿saben cuánto lleva pagado mi gobierno en laudos del tiempo que soy gobernador a la fecha? Doscientos treinta y tantos millones de pesos; sí, ¿y saben quién me pidió autorización para ello? Nadie”; son expresiones que denotan sencillamente -con todo respeto- desconocimiento de los modos legales de ejecución de los laudos contra dependencias y organismos públicos. Es ese desconocimiento lo que hace hablar de “colusión”, más con la idea de afectar la imagen profesional de los abogados de los trabajadores que acuden a los tribunales del trabajo en su defensa. De no ser así, tendría que señalarse la razón de tan temeraria acusación. “Negociar el tema de los salarios caídos”, o citar a reuniones con trabajadores y trabajadoras despedidos del Gobierno del Estado obligándoles a aceptar pagos indemnizatorios inferiores a los determinados por los tribunales bajo amenaza de “seguir pateando el bote”, si no se aceptan las condiciones que ofrecen, se explica por la asesoría privada, pero es absolutamente impropio de un gobierno que dice tener una nueva orientación política.
Es, también, un llamado a la rectificación del gobierno en este intento por criminalizar mi desempeño como servidor público. No pretendo ningún cobijo de impunidad porque no he cometido delito alguno. La historia reciente de Puebla está plagada de casos de personas inocentes a las que se encerró en prisión sin haber cometido delito y, francamente, no quiero verme en esa situación, que lastima injustamente a las personas y degrada a los gobiernos a la condición de autoritarios y arbitrarios. En mi condición de secretario de ramo me reuní las veces que el gobernador estimó necesarias para informarle de mi gestión. Jamás me hizo comentario sobre irregularidades en mi trabajo, ni me llamó para aclaraciones.
Después de la declaración hecha por el Gobernador, se generó una campaña mediática en mi contra. Tengo conocimiento que el pasado miércoles 1 de junio, por órdenes del Consejero Jurídico Carlos Palafox Galeana y del Secretario de Trabajo Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, fueron llevados ante la Fiscalía General del Estado, directores, subdirectores y jefes de departamento de la Secretaría de Trabajo, a ratificar una denuncia penal en mi contra, con intención de afectar mi trayectoria personal y profesional. Aún me resisto a pensar que tal proceder tenga fines políticos.
Al ignorar los verdaderos fines de esta persecución política en mi contra, tengo el temor fundado de que en este clima de hostigamiento se pretenda privarme de mi libertad, y temo por mi familia, esposa e hijos. En tal circunstancia, no me queda más remedio que APELAR A LA CIUDADANÍA POBLANA que conoce mi trayectoria profesional y fama pública para que se mantenga vigilante de que no se vulneren mis derechos humanos ni los de mi familia; e impida, por TODOS los medios a su alcance, que se cometa un atropello en mi contra.
