El cuerpo del menor fue hallado por una persona privada de la libertad al interior de un contenedor de basura
Tras darse a conocer el lamentable descubrimiento del cuerpo sin vida de un menor de edad, de aproximadamente tres meses, al interior de un contenedor de basura en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO), en San Miguel, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha determinado ejercer su facultad de atracción e iniciar la investigación correspondiente de los hechos.
Por tal motivo, este Organismo Público solicita medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios del estado de Puebla y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la entidad, a fin de que se colabore con la investigación que permita esclarecer los hechos, se garanticen los derechos humanos y se refuercen los controles de vigilancia, revisión e ingreso en el CERESO.
De igual forma, se dará seguimiento puntual a las investigaciones que se realicen desde la Fiscalía General del estado.
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La CNDH, además de repudiar tales actos y el destino dado al cuerpo del menor, hace un llamado puntual a la Fiscalía General del estado de Puebla a efecto de realizar una investigación seria, comprometida, diligente y eficaz que permita el esclarecimiento de los hechos y determine las responsabilidades correspondientes, y a las autoridades del gobierno de Puebla para reforzar los controles de vigilancia, seguridad, revisión e ingreso en dicho CERESO y en todos los centros de ese estado, a fin de evitar que hechos como estos se repitan.
Se exhorta a que, en las acciones que se realicen, no se violenten o se obstaculicen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en dichos centros, pero sí ejerzan sus funciones a partir de garantizar la debida gobernabilidad al interior.
Respecto al CERESO de San Miguel, Puebla, alerta a esta CNDH que durante las visitas de supervisión penitenciaria, ha representado importantes irregularidades en el rubro de gobernabilidad, respecto a las deficiencias en el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno); insuficiencia de personal de seguridad y custodia, entre otras, lo que ha generado que durante los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria emitidos de los años 2015 al 2020, haya obtenido calificaciones por debajo o mínimas de 7.
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