Colectivo Nacional del Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos pide también investigar persecución de opositores a megaproyectos en la Sierra Negra.
Con una protesta pacífica ciudadanos e integrantes del Colectivo Nacional del Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso del desplazamiento forzoso del comunicador comunitario Salvador Sánchez Bolaños y el de su familia luego que un grupo de hombres armados trataron de entrar a su domicilio para atacarlo.
También demandaron la apertura de carpetas de investigación de la persecución de defensores de la tierra en la Sierra Negra en un contexto de resistencia al proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala, en el que se ha denunciado además la desaparición de Sergio Rivera Hernández, sin que hasta el momento se tenga noticia de él.
Claudia Martínez Sánchez directora del Colectivo Nacional llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que vigile de manera cercana a las autoridades estatales, al Consejo de Protección de Periodistas en Puebla y al Mecanismo de Protección de Periodistas para que se cumplan protocolos y no se ponga aún más en riesgo a los comunicadores y defensores.
Denunció que el pasado sábado 18 de mayo del 2019 en su domicilio en el Barrio de Atexcal en la cabecera municipal de San Pablo Zoquitlan, Puebla; Salvador Sánchez Bolaños regresaba a su casa cerca de las 9:30 de la noche cuando advirtió que cuatro hombres vestidos de ropa oscura y que portaban armas largas, estaban ingresando a su domicilio por la parte trasera, por lo que, salió huyendo ante este posible intento de homicidio.
Organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, la Comisión de Derechos Humanos y la labórales Del Valle de Tehuacán, Radio Coatl 83.1 FM Santamaría Coapan, entre otras denunciaron que en las últimas semanas por diversos medios Salvador Sánchez Bolaños recibió varias amenazas de muerte debido a su labor en defensa de la tierra y él territorio, y su trabajo como radialista reconocido en la Sierra Negra por su labor en la comunitaria “Radio Tlacuache”, medio alternativo e indígena que ha sido un medio de información, denuncia, y voz opositora al Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala que quiere imponer Minera Autlan con el respaldo de la clase política gobernante, mediante la corrupción de los alcaldes y caciques favorables al proyecto.
“Las amenazas de muerte contra Salvador vienen de internos del Cereso de Tehuacán y sus familias, de manera específica de Victorio Tellez Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval, quienes se encuentran vinculados a proceso por su participación en la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández”
También se ha señalado que estas personas han recibido la protección y el auspicio de sus jefes y padrinos políticos: Fermín González León, ex alcalde de Zoquitlan; y Cirilo Trujillo Lezama, ex alcalde de Tlacotepec de Díaz y cuñado de Victorino Téllez Carrillo
Ambos expresidentes y los detenidos por la desaparición de Sergio Rivera Hernández han sido los promotores del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala que quiere imponer Minera Autlan con el respaldo de la clase política gobernante.
Claudia Martinez explicó que después de huir, el activista, su esposa y sus dos hijos tuvieron que salir de Zoquitlán para evitar un nuevo intento de agresión, por lo que este caso queda registrado como el primer desplazamiento forzoso de un comunicador este año.
A este año se suma que a la fecha ya se cumplen ocho meses de la desaparición del activista Sergio Rivera Hernández sin que se haya avanzado en las investigaciones.
En la manifestación pacífica el Colectivo Nacional desplegó la fotografía de la fotoperiodista y directora de comunicación social intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) María del Sol Cruz Jarquín, asesinada hace casi un año en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec y se hizo un pronunciamiento en exigencia a la FGR para que atrajera el caso.
Sol Cruz fue ejecutada el 2 de junio de 2018 junto con la candidata a segunda concejal por Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán, aspirante a síndico por el Partido Revolucionario Institución (PRI), y el chofer Adelfo Guerra de la regidora con licencia.
El asesinato de María del Sol Cruz Jarquín ha destacado porque es una evidencia y prueba de impunidad en México y del ejercicio corrupto del uso de recursos públicos con fines políticos, al ser enviada por su jefe, el entonces titular de la SAI, Francisco Montero López a Juchitán para apoyar con su trabajo como fotógrafa, videasta y hasta de diseño de propaganda, la campaña política de su hermano, el candidato del PRI-PVEM-PNA a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza Hegeo Montero López,
Organizaciones civiles en el país han emprendido la campaña para exigir justicia por María del Sol, luego de ser asesinada, la joven fotoreportera fue víctima de otros abusos.
Cuando ocurrió el crimen, los cuerpos de Pamela Terán y el chofer, fueron resguardados por simpatizantes políticos, mientras que el cuerpo de María del Sol fue abandonado en la calle.
Su madre, la periodista Soledad Jarquín denunció que tras la ejecución, un empleado del SAI entró al hotel donde se hospedaba la fotoperiodista para robar las cámaras de fotografía y video, su computadora personal, donde se encontraba el registro de los trabajos realizados para la campaña política del hermano de su jefe.
Pese a que el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Superior Xalapa reconocieron el uso de recursos públicos con fines políticos en este caso, al responsable de esta orden no se le ha dictado ninguna responsabilidad,
Comunicadores junto con Claudia Martínez Sánchez directora del Colectivo exigieron a la Fiscalía General del Estado que la impunidad del caso termine.
