La Mesa de Seguimiento de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla (AVG), se inconformó con los resultados que reporta el informe del gobierno del estado de Puebla

La violencia feminicida en Puebla no es un problema de esta administración sino de muchos años atrás pero que ha incrementado por falta de atención, así lo consideró Natalí Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC (CAFIS), quien además aseguró que es insuficiente el presupuesto de 18 millones de pesos que el gobierno  destina para erradicarla. A la par, insistió que no pretenden politizar el tema previo al arranque de las campañas electorales.

«Es importante identificar el destino, el uso de estos recursos públicos, y lo que sí pudimos detectar es que hay un desaprovechamiento de estos recursos que son fundamentales para la atención de la violencia contra las mujeres (…) Son 18 millones que si los dimensionamos con otras problemáticas sigue siendo un recursos poco, frente a una grave violencia feminicidad. A la rueda de la fortuna se le invirtieron 400 millones de pesos«, subrayó. Arias insistió en la necesidad de activar la alerta de género en Puebla, y con ello ampliar el recurso monetario y humano para atacar el problema con mayor profundidad.

Lo anterior se dio a conocer en una rueda de prensa ofrecida por la Mesa de Seguimiento de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla (AVG), que  presentó un análisis de las once recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo conformado para atender dicha solicitud. 

«La solicitud de alerta de género viene siendo una demanda de varios años atrás. No es una solicitud que implica a este gobierno en específico, sino al rezago que tenemos en la atención en contra de la violencia feminicida con varios sexenios, con varios gobiernos y que tiene su cúspide ahora», dijo.

Arias consideró que es inadecuado que un mismo grupo, en referencia a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin) y a la Secretaría General de Gobierno (SGG) estatal la que revise las tres solicitudes de alerta de género que tiene el estado, debido a que una de ellas es por feminicidio, otra por la desaparición y otra más por violencia sexual contra mujeres.

«Queremos que el gobierno entienda que esta problemática no le duele solo al estado, sino a México y otras organizaciones. La emisión de la alerta no es un asunto de ver quien gana sino de cumplir una obligación que tienen las instituciones de atender esta problemática de violencia que tienen las mujeres en Puebla».

 



Ahí se difundió un pronunciamiento que se elaboró derivado de tal análisis; en dicho texto se manifiesta la inconformidad con los resultados que reporta el informe del gobierno del estado de Puebla sobre el cumplimiento de las recomendaciones, así como con el dictamen del grupo de trabajo, que considera un grado de cumplimiento que no se ha evidenciado.

Las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo tienen origen en la admisión de las dos solicitudes de declaratoria de la AVG por parte de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el 12 de abril de 2016, en medio de un contexto de violencia feminicida en el estado. A partir de ello, la CONAVIM conformó un grupo de trabajo para atender la solicitud y emitió once recomendaciones al gobierno del estado de Puebla, para las que consideró distintos indicadores de cumplimiento a lograr en seis meses.

En enero de 2017, el gobierno del estado de Puebla remitió el informe sobre la implementación de las recomendaciones y, después de la revisión del mismo, el grupo de trabajo dijo que “no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla”.

De tal forma, la Mesa de seguimiento de la solicitud de AVG, conformada por organizaciones y periodistas independientes, recopiló documentos oficiales y solicitudes de acceso a la información pública para contrastar las recomendaciones con las evidencias reportadas por el gobierno del estado.

Los resultados de este trabajo están conformados por un documento extenso que aborda cada una de las recomendaciones, así como infografías que sintetizan el análisis y que se irán compartiendo en los perfiles de redes sociales de quienes integran la Mesa de seguimiento de la AVG.

La denuncia fue expuesta por la  Mesa de seguimiento de AVG está conformada por: CADEM, A.C.; Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS); Comaletzin A.C.; El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.; Mutradh, Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos; el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. (ODESYR), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana Puebla; y las periodistas independientes Ana Karen de la Torre Panduro y Samantha Páez Guzmán.

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