El secretario general de la Central de Abasto de Puebla, Luis Pinto Medel, advirtió que la exigencia de seguridad no es un asunto político, y su atención, una obligación de las autoridades.
El comentario fue dado a manera de respuesta a lo señalado por el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, quien opinó que la marcha efectuada por los comerciantes tiene “trasfondo político”
Al ser cuestionado sobre el asunto, dijo que no tenía conocimiento sobre las declaraciones del edil, pero aclaró que el combate a la incidencia delictiva es una obligación de las autoridades.
“Debemos de aclarar qué se entiende como política: consideramos en la Central de Abasto que la seguridad no es una política, es un deber del gobierno para todo el municipio de Puebla”, manifestó.
Pinto Medel abundó que la movilización del pasado miércoles fue legítima y lamentó los dichos del alcalde capitalino.
Acerca de las seis motocicletas adquiridas para rondines en la Central de Abasto, dijo que se realizará un nuevo comodato para que sean utilizadas con ese fin.
En otro orden de ideas, comunicó que habrá operativos de seguridad permanentes en el establecimiento como parte de los acuerdos pactados el 15 de enero.
“La marcha, el objetivo se logra: se logra que pueda haber apertura de las autoridades”, acotó.
Agradeció la intervención de las distintas autoridades, aunque hizo énfasis en el apoyo recibido por parte del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
Explicó que habrá una capacitación para las personas que monitorean 24 horas una de las cámaras de vigilancia localizada en una de las naves a fin de que actúen oportunamente ante un hecho delictivo.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá acceso a sus sistemas de monitoreo, por lo que ya le hicieron entrega de las cookies correspondientes.
Pinto Medel aseguró que, desde el pasado miércoles por la tarde, han sido testigos de mayor presencia de elementos de seguridad en la Central de Abasto, así como de integrantes de la Marina.
El secretario general también señalo que, después del asalto y asesinato de Norma, dueña de una de las bodegas, se instalaron 34 cámaras en la Central.
Según versiones periodísticas, otro acuerdo pactado es la creación de un cuartel para la Guardia Nacional lo que ayudaría a combatir la presencia de tomas ilegales de hidrocarburos.
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