El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio señala falencias estructurales y la negativa a investigar como feminicidio la muerte violenta de una mujer
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha obstaculizado la investigación sobre el caso de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril (ubicada por sus iniciales ZEFB), mujer víctima de feminicidio en Puebla, al sostener como única hipótesis la del suicidio.
Este es solo un caso de una larga lista que ha documentado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) en el «Informe Impactos del Feminicidio en México y las respuestas del Estado«.
El informe analiza los sistemas de justicia y de atención a víctimas de feminicidio de los estados de Puebla, la Ciudad de México, Colima, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. El lugar común en el informe es la obstaculización de los ministerios públicos para garantizar el derecho a la verdad, así como la falta de presupuesto, capacitación y una política con perspectiva de género que realmente garantice la verdad y la justicia.
Los primeros resultados arrojan que en Puebla los sistemas de atención a mujeres víctimas de feminicidio no cuenta con asistencia en tanatología ni con personal psicológico con perspectiva multicultural, importante para un estado con amplia población indígena y con indicios de que el machismo se expresa en mayor medida en la comunidad y zonas rurales.
Sin embargo, la preocupación más importante para las colectivas es la negativa de clasificar como feminicidio la muerte violenta de una mujer en Puebla. En el caso de ZEFB, no se encontraba sustentado con pruebas científicas la hipótesis de suicidio, y no solo eso, pues el OCNF documentó que la familia fue agredida durante una protesta por parte de la Fiscalía, lo que revictimizó y criminalizó a la víctima y a su familia obstruyendo deliberadamente la investigación.
El informe además recoge el caso de GSM, también asesinada en Puebla y también considerado como un suicidio por parte de las autoridades a pesar de las denuncias de su madre sobre las constantes agresiones por parte de la pareja y las amenazas «de despedazar» a la víctima y dejarla en la puerta de su casa.
«Desafortunadamente, han sido numerosos y paradigmáticos los casos en que se pretende sostener la tesis de suicidio anteponiéndola a la del feminicidio, algunos han sido objeto de amparo», indica el informe.
A esto se suma el desincentivo a las víctimas para la presentación de la denuncia, el maltrato institucional y la revictimización. En el caso del feminicido de DCGH en Puebla, los familiares recibieron un trato insensible y frío en el momento de denunciar la desaparición, primero, y el feminicidio, después, de su hija.
Esto y la falta de transparencia de la Fiscalía de Puebla ha impedido que las familias y las víctimas accedan a la justicia. Entre las conclusiones a las que llega el OCNF se encuentran que Puebla no trabaja con un modelo de atención específico para víctimas de violencia feminicida y que, si bien el tipo penal no es un obstáculo para acreditar el feminicidio, las deficiencias que obstaculizan el acceso a la justicia son estructurales y propias de la Fiscalía, hay ausencia de una estructura mínima para operar, faltan especialistas que puedan hacer análisis de contexto y fortalecer la hipótesis de feminicidio.
Además, hay falencias en la atención psicológica a víctimas indirectas de feminicidio, los familiares están obligados a investigar y cubrir los gastos que un sistema de justicia debería asignar para un problema social, entre otros obstáculos que no han permitido justicia para ellas.
