criminalizaciónFoto: Agencia Enfoque

Frenar la criminalización en Puebla del activista náhuatl y defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega, pidió la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor.

Por medio de su cuenta de Twitter, Mary Lawlor que está siguiendo la reactivación del proceso judicial contra López Vega.

“Estoy siguiendo la reactivación del caso judicial en contra del defensor náhuatl Miguel López Vega en Puebla, #México. Las autoridades deben poner fin a la criminalización del defensor y garantizar su derecho a defender los derechos humanos”, escribió Lawlor.

Que AMLO cumpla su palabra

El Frente de Pueblos en Defensa del Agua y el Territorio MorelosPueblaTlaxcala dijo que espera que se cumpla la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, señala un artículo de Proceso.

Y es que AMLO -en “la mañanera” del 30 de marzo- se pronunció por liberar de cargos tanto a López Vega como al comunicador indígena Alejandro Torres Chocolatl.

López Vega ha estado sujeto a proceso desde enero de 2020, cuando fue detenido por haber participado en una protesta para impedir la construcción de un drenaje que pretende verter desechos de plantas industriales en las aguas del río Metlapanapa.

Luego de estar encarcelado por una semana, el activista náhuatl obtuvo su libertad, pues un juez de control dictaminó que no había elementos para procesarlo por dos de los tres delitos que le pretendían imputar referentes a obstrucción de obra pública y daño a medios de transporte con explosivos.

Sin embargo, tres años después, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) de Puebla pidió reponer la audiencia de vinculación contra López Vega, al alegar que no había sido notificada en su momento sobre la absolución en torno a los dos delitos.

El 29 de marzo se llevó a cabo esa audiencia, donde representantes de la CEAS Puebla sólo se presentaron para asentar que otorgaban el “perdón absoluto” a López Vega por los supuestos daños que causó en la manifestación de octubre de 2019, misma por la que también es señalado el defensor del agua, Alejandro Torres Chocolatl.

Mientras que la juez aceptó este pronunciamiento de la dependencia estatal, el Ministerio Público pidió 10 días más para analizar la solicitud y evaluar posibles medidas de reparación hacia el CEAS por la supuesta destrucción de una camioneta y por la obstrucción a la obra pública, por lo que el caso se mantiene abierto.

Hace una semana, el presidente López Obrador dijo que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, podría intervenir ante el poder judicial a fin de que se garantice la libertad de los defensores indígenas del río Metlapanapa y se les retiren los cargos por los cuales siguen sujetos a proceso desde 2020.

Foto: Agencia Enfoque

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