Exigen que las autoridades revisen el caso de la guardia y custodia de dos menores, además que investiguen y sancionen a funcionarios negligentes.
Familiares de Esmeralda Rivas Rocha, fallecida hace dos años a consecuencia del cáncer que padecía y que se agravó por los abusos cometidos por su esposo Marcos Sampedro Mellado, denunciaron que las autoridades encargadas de impartir y administrar justicia en Tlaxcala colocaron en situación de riesgo a una menor de 4 años al darle la guardia y custodia al padre biológico que tiene antecedentes de violencia familiar.
Por ello, y ante el plazo que les pusieron las autoridades para entregar a la niña a su padre, quien además es regidor de obras públicas del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, decidieron manifestarse este día a las afueras del Palacio de Justicia y en la explanada del Palacio de Gobierno para evitar que la menor sea entregada a alguien que tienen antecedentes de violencia familiar, psicológica, social, sexual, económica, además de cometer intimidación, abuso emocional y amenazas, según relatan los resultados del informe antropológico con perspectiva de género que se realizó en este caso.
Antecedentes del caso de Esmeralda Rivas
Esmeralda Rivas Rocha, de ocupación profesora, falleció en el año 2019, a consecuencia del cáncer que padecía, condición que se agravó por la violencia que enfrentaba por parte de su esposo, dejando a dos hijos; ella en la etapa terminal de su enfermedad y en uso de sus facultades dejó a su mamá, Rosa Blanca Ábrego, la custodia de sus dos hijos.
Al respecto Edith Rivas Rocha hermana de la víctima y Primo Sánchez Morales, cuñado, relatan que Esmeralda “nos comunicó que había tomado tal decisión debido al peligro que podrían tener los niños al quedarse con el padre, de quien ella recibió de forma cotidiana todo tipo de maltratos y agresiones, incluidas golpizas que le provocaron severas lesiones. El niño tenía nueve años y estaba a cargo de su papá cuando Esmeralda enfermó de gravedad. La niña estaba por cumplir dos años y se encontraba bajo la tutela de la señora Rosa Blanca, abuela de la menor”.
Abundaron que se promovió la custodia con un documento que la madre de la niña dejó firmado, sin embargo, la juez de lo familiar, Guadalupe Castillo Lemus, inmediatamente le negó la custodia a la abuela, bajo el argumento de que a su edad “ya estaba para que la cuidaran y no para cuidar niños”.
Con esa respuesta, fue el 16 de abril del 2019 que los familiares iniciaron la demanda de custodia
Con las primeras audiencias logran la custodia temporal de la niña
Avanzando con la demanda, llegó el tiempo de las primeras audiencias, y como era de esperarse Marcos Sampedro Mellado, negó que hubiera sido violento con Esmeralda, realidad que no concordó con las pruebas que había de abuso y los testimonios de lo que la familia vivió.
Incluso, antes de que Esmeralda falleciera, el 20 de abril de 2019, se presentó una denuncia contra Sampedro por violencia intrafamiliar, en las pruebas recabadas y presentadas ante la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) se mostraron fotos de Sampedro con pistola, conversaciones de Esmeralda sobre el maltrato y la negativa de su esposo de llevarla al hospital para ser atendida.
También se presentaron estudios psicológicos, de trabajo social, de antropología social y de victimología, los cuales revelaron la forma violenta y agresiva de Sampedro Mellado.
A pesar de ello, y para sorpresa de los familiares, la jueza Guadalupe Castillo Lemus, seguía solicitando “pruebas contundentes” para que los familiares continuaran con la custodia de la menor, bajo la advertencia de que de no ser así tendrían que entregar a la niña a su padre.
Contenido de los estudios psicológicos de Sampedro Mellado
El estudio psicológico hecho a Sampedro Mellado, y que obra en la carpeta 391/2019 con fecha de abril 2019, dieron como resultado que es: neurótico obsesivo con prevalencia ansiógena, agresividad como mecanismo de defensa social, rasgos mitómanos, falta de control de impulsos, y rasgos paranoides.
Mientras que los resultados del estudio de Trabajo Social de Esmeralda reflejaron que “estaba muy consciente y ubicada; se sugiere la investigación del delito de violencia, porque la situación de la víctima es resultado de la violación sistemática de sus derechos por parte de su pareja”.
El estudio victimológico y antropológico social con perspectiva de género, describe a Sampedro Mellado como un individuo con tendencias psicópatas, manipuladoras, rasgos androcéntricos y misoginia; ese mismo estudio advierte que Esmeralda “fue víctima de violencia psicológica, física, económica, sexual, social, amenazas, intimidación, abuso emocional, etc., y que su muerte es consecuencia de la violación sistemática de sus derechos, así como de las omisiones que su pareja realizó por no atenderla ni permitirle su atención médica ginecológica, debido a su actuar machista”.
No obstante, la PGJE tardó más de un año en judicializar la carpeta de investigación por violencia intrafamiliar.
Surgen nuevos abusos
Ante la actuación de las autoridades de procuración de justicia, los familiares de Esmeralda respetan el mandato de convivencia entre la niña, su hermano y su padre dos veces por semana, pero en el año 2020 se denunció un presunto abuso sexual contra la menor, hecho en el que se percataron que la perito que lleva el caso es, coincidentemente, psicóloga particular de Sampedro Mellado.
Por lo anterior y muchas irregularidades más los familiares insisten en que Sampedro no es apto para cuidar a sus hijos; incluso, “efectivamente como lo preveía Esmeralda, es un peligro para ellos. Nos queda claro que colocar a la niña bajo su custodia, la expone a un grave peligro, poniéndola en riesgo a ser víctima de una serie de delitos, violentando sus derechos”.
“Nos parece indignante que con todos los elementos que constan en la PGJE, el Poder Judicial haya concluido dejar a la niña en manos de Sampedro”, por lo que exigen a las PGJE y al Poder Judicial revisión del caso colocando por encima de todo interés superior de la niña, además que se investigue y sancione a las y los funcionarios que han actuado inadecuadamente.
