Quienes encabecen esas instituciones, además de su preparación y autoridad moral, preferentemente deben surgir de procesos incuestionables.
Una de las aspiraciones que tenemos en la democracia mexicana es lograr la existencia y el sostenimiento prolongado de contrapesos a los poderes nominales y fácticos, con el fin de mitigar los excesos que pueden derivar en abusos de autoridad y corrupción.
Parte de la materialización de esos contrapesos ha devenido en la existencia de organismos autónomos como los institutos de transparencia, los organismos electorales y las comisiones de derechos humanos.
Estas últimas tienen un papel crucial para frenar los abusos de autoridad, ya que legalmente están facultadas para proteger y defender a las personas más vulnerables. Quienes encabecen esas instituciones, además de su preparación y autoridad moral, preferentemente deben surgir de procesos incuestionables.
En el caso de Rosario Piedra, que quedó al frente de la CNDH, pese a provenir de una familia que ha padecido en carne propia diversas violaciones a los derechos humanos, se le cuestionó ampliamente por ser una férrea defensora del presidente López Obrador, así como por haber militado en Morena, lo que desató una ola de críticas que el propio inquilino del Palacio Nacional atajó (https://bit.ly/38akbng).
En Puebla, el caso de la designación de José Félix Cerezo Vélez como titular de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla el pasado 7 de noviembre, registró deficiencias que han sido documentadas de manera profusa por la Universidad Iberoamericana de Puebla en el documento “#PorUnaCDHEficaz” (https://bit.ly/2s3qg44).
Ahí, entre otras cosas, se evidencia que no se privilegió la máxima publicidad, es decir una difusión extensa y adecuada del proceso de convocatoria para convertirse en el ombusdperson de Puebla.
Diputados locales de Morena se vanagloriaron del proceso de selección de Cerezo Vélez, pero los analistas de la Ibero les corrigieron la plana: “Sostener que el proceso satisfizo la máxima publicidad, que fue limpio y perfecto, o que fue histórico es mucho decir. Puede ser que el proceso haya estado documentado, como lo aseveró la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, pero la documentación no fue objeto de la máxima publicidad, por lo que puede concluirse que dicha documentación no fue idónea ni eficaz”.
Y posteriormente les aclararon que transparencia “no es sólo sesionar a puerta abierta, sino que sobre todo consiste en garantizar la máxima publicidad, que es un principio constitucional. Importa que las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y sus mesas de trabajo no hayan sido a puerta cerrada, pero importaba más difundir ampliamente lo que en ellas se discutía y acordaba, esto es, poner a disposición del público información que brindara confianza y credibilidad al proceso de designación. Decir una y otra vez que el proceso fue transparente no lo hace tal. Son los hechos los que dan cuenta de este atributo”. Sic.
Y a lo anterior se agrega que “a un mes de la designación del nuevo ombudsperson no se ha publicitado el acuerdo con el que la Comisión evaluó a las y los aspirantes y que levantó la polémica en el Pleno del Congreso, tampoco la metodología precisa que se esgrimió”. ¿Qué dirán los legisladores de Morena? ¿Conocerán qué es el Parlamento Abierto?
OTROS DATOS
A la diputada federal de Morena por Cholula, Nayeli Salvatori, se le ocurrió subir a sus redes sociales datos personales de víctimas de violencia (https://bit.ly/2RvvW1s). Violó la Ley de Protección de Datos Personales, disponible en https://bit.ly/33Z4EU9.
Twitter: @JorgeMachucaL
