En el discurso, en materia de información reservada en Puebla se dijo que todo cambiaría; en los hechos, todo sigue igual.
@JorgeMachucaL
El 9 de septiembre de 2019, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que en esos días toda la información pública que habían reservado sus antecesores Moreno Valle y Gali sería desclasificada y publicada producto de un decreto firmado por él, que hoy se ha comprobado nunca existió.
“Sin especificar una fecha, el gobernador se comprometió a que en los próximos días firmará un decreto para dar a conocer toda la información reservada en gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad. Dijo que el decreto revelará información que se mantuvo oculta por más de diez años en el estado” (https://bit.ly/34a2AcH).
Al respecto, Roberto Alonso, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) “el decreto, la circular, el oficio o cualquier documento que soporte la desclasificación de información reservada en años anteriores ordenada por el gobernador entre el 1 de agosto y el 14 de octubre de 2019”, solicitud a la que se asignó el folio 01763619 que se dirigió a la Unidad de Transparencia del Ejecutivo del Estado, oficina que el 11 de noviembre confirmó que Barbosa no dispuso la desclasificación de nada.
En la respuesta dada por la dependencia referida, se indicó que se urgó en los archivos documentales lo solicitado y no se halló nada. No hay congruencia de Barbosa entre lo dicho y lo hecho hasta hoy respecto a las reservas de información.
En esa misma respuesta, se indica lo que omitió explicar el gobernador por ignorancia, error, descuido, olvido o quizá como parte de una impostura discursiva: “(…) respecto a la clasificación de la información corresponde a cada sujeto obligado (dependencia gubernamental), a través de su Comité de Transparencia y previo estudio de las causas del origen de la reserva, llevar a cabo la debida desclasificación (…)”.
En términos simples y llanos, no es posible que un decreto del gobernador pueda acabar de un plumazo con las reservas de información que dejaron -para cuidarse la espalda- Rafael Moreno Valle y Antonio Gali a más de tres mil expedientes, muchos de los cuales están en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) -el cual será suprimido en breve-.
Y este dato cobra relevancia al hacer una búsqueda en el índice de expedientes reservados por los sujetos obligados del Poder Ejecutivo estatal, anidado en la página oficial de datos abiertos (https://bit.ly/2D7k6m0); en la lista de dependencias ha desaparecido el CAPCEE. En agosto pasado esa información estaba en https://bit.ly/2D9vhuc.
A eso hay que añadir que en lo que va de su gobierno, Miguel Barbosa no sólo no desclasificó información reservada, sino que ya ha reservado más expedientes, como el contrato del Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) del Centro Integral de Servicios (CIS) (https://bit.ly/2revkCr), el padrón de anuncios espectaculares (https://bit.ly/33aONBj) y las bitácoras de vuelo de los helicópteros oficiales (https://bit.ly/2KKIIoG), más lo que se acumule.
En el discurso, en materia de información reservada en Puebla se dijo que todo cambiaría; en los hechos, todo sigue igual. El gatopardismo moreno-galista ya fue adoptado por el barbosismo.
OTROS DATOS
Al parecer la renovación de los coordinadores del Sistema Nacional de Transparencia ha generado división entre los representantes de los órganos garantes del país (https://bit.ly/2Ox8X36). La disputa es por la coordinación nacional de éstos.
La comisionada poblana del INAI, Patricia Kurczyn, al respecto comentó por twitter “No entendemos que es autonomía? No la exigimos para INAI? Respetémosla a nivel estatal! Casi 6 años y no sabemos cómo? Órganos garantes, exíjanla! Aún es tiempo! se dejarán imponer las presidencias? Atención!” (https://bit.ly/2rZFWW7). La cita con todo y puntuación, es textual. Sic.
