Vale la pena decir lo que no es Gobierno Abierto, ya que muchos gobiernos, incluido el de Puebla, nos hacer creer que lo aplican.
@JorgeMachucaL
En Puebla, la simulación y la pirotecnia para ocultar la instalación de un verdadero Gobierno Abierto no tuvieron, ni tienen límite. Hace casi un año, el 15 de noviembre de 2018, Antonio Gali -en aquel entonces gobernador del estado- anunció con la parafernalia mediática y discursiva que caracterizó a esa administración, que “en Puebla cumplimos nuestro compromiso al firmar la declaratoria conjunta que tiene como base la instalación del Secretariado Técnico de #GobiernoAbierto” (https://bit.ly/2WUYRgr). Eso y nada fue exactamente lo mismo.
Me explico. Gobierno Abierto, de acuerdo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es “un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social” (https://bit.ly/36IMtoa). En esto la sociedad civil es clave y el corazón del asunto.
Ahora vale la pena decir lo que no es Gobierno Abierto, ya que muchos gobiernos, incluido el de Puebla, nos hacer creer que lo aplican, cuando en realidad son sólo componentes del mismo lo que nos presumen. Gobierno Abierto no es únicamente gobierno electrónico, administración electrónica, gobernanza electrónica, innovación en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso de nuevas tecnologías y políticas de datos abiertos u open data.
En su último informe de gobierno, Gali Fayad, en el eje 5 “Buen Gobierno” (página 15 de https://bit.ly/2rjLcn7) nos vendió la idea de que el suyo era un Gobierno Abierto por reunirse con organizaciones de la sociedad civil para preguntarles qué mejoras necesitaba el portal web del gobierno estatal, analizar y explicar datos abiertos a lo largo de una semana o hacer un “Open Data Day” para detallar los contenidos del portal de datos abiertos. Eso no estuvo mal, pero no fue hacer Gobierno Abierto.
El antecedente de imposturas sobre el Gobierno Abierto data de la época de la administración de Rafael Moreno Valle, cuando se simuló tener reuniones con la sociedad civil; se intentó obtener el apoyo del INAI para hacer un plan de acción, pero simplemente no se hizo nada, lo que hasta la fecha persiste. A Martha Érika Alonso ni tiempo le dio para abordar públicamente el tema y Guillermo Pacheco Pulido lo pasó en blanco.
Si bien es cierto que en la métrica en la materia (https://bit.ly/33wJn4A), Puebla pasó de 0.34 a 0.51 en el índice en la materia entre 2017 y 2019, lo cierto es que nunca se ha llevado a cabo un plan de acción con compromisos concretos para resolver los problemas más importantes del estado que a todos nos afectan, como la inseguridad pública, la contaminación de Río Atoyac, el desabasto de medicinas, la corrupción y una larga lista que usted y yo podemos prolongar a placer.
Ahora el escenario no es bueno, ya que en cualquier momento, producto de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Puebla, publicada el 31 de julio de 2019, la administración del gobernador Miguel Barbosa va a suprimir la Coordinación estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, que tiene asignados 10 millones 467 mil 259 pesos y 29 plazas, y sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Administración; más de dos integrantes de esa dependencia no tienen ni la más remota idea de qué es Gobierno Abierto.
Quizá valga la pena que la 4T poblana revise casos tan interesantes de Gobierno Abierto registrados en estados como Oaxaca y Durango, o también de Uruguay, Chile y Sierra Leona, por citar sólo algunos. El ITAIP sería clave para empujar el tema con apoyo del INAI, pero tampoco hay visos de eso.
OTROS DATOS
Marcelo M. Agudo fue el abogado que en Miami ayudó a los priístas Jorge Estefan Chidiac y Enrique Agüera a ocultar sus millonarias propiedades (https://bit.ly/2qBvUcZ).
LA FRASE
La “información que está reservada por cinco o diez años, la vamos a levantar con un decreto. Pronto habrá un decreto que levante toda la información reservada para que todos tengan acceso a ella”.
Miguel Barbosa, 9 de septiembre de 2019. (Esperamos el “decreto”).
Twitter: @JorgeMachucaL
