Este caso es emblemático porque Rafael Moreno Valle encarceló a ancianos con más de 70 años de edad que solo eran espectadores de una protesta
Los primeros presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle (RMV), veinte pobladores de Atzitzihuacán que inaugurarían el sexenio de la represión y la criminalización de la protesta social, festejaron su absolución tras 4 largos años de librar un proceso injusto y plagado de irregularidades.
Fue el miércoles 18 de abril de 2018 cuando los ciudadanos que vivieron el «caso más emblemático de violación al debido proceso y los derechos humanos» celebraron la obtención de su libertad absoluta e incondicional aunque el proceso de exoneración se había iniciado meses atrás.
De los más de 366 presos políticos registrados en el sexenio de RMV, el Caso de Atzizihuacán, representa el exceso y la vileza del tiempo de persecución y represión a toda forma de protesta, pues entre los detenidos se incluyó a ancianos, personas de más de 70 años a quienes se les fabricaron delitos de portación ilegal de arma, ataques a las vías de comunicación, lesiones y, por supuesto, el delito de motín.
Pese a que sólo eran espectadores de una manifestación de pobladores que reclamaba la reposición del proceso electoral — en el municipio en el que no se reconoció el triunfo del perredista Félix Cázales Díaz sobre el priismo que impera en la zona y que dió como ganadora a Maricela Ramos Jiménez, ahora presidenta municipal— fueron aprehendidos con violencia extrema y acusados de atacar y violentar a policías aunque estos rebasaban su peso y estatura.
Tras cuatro años de litigio, Mayra Sánchez Sarmiento quien encabezó la defensa legal, pudo probar que los pobladores detenidos en una protesta en 2014 de la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 34+700, fueron adultos mayores que contemplaban la manifestación desde sus predios o que estaban en la periferia y que por su avanzada edad no corrieron o escaparon cuando más de 400 agentes de seguridad realizaron el operativo policiaco.
Dentro de los expedientes, por ejemplo, se encuentra el caso de Guillermo Benítez Díaz, de 80 años de edad, policías sostuvieron que fue detenido porque fue hallado con dos enormes piedras en cada mano con las que les atacaba lanzándolas a una distancia de 3 metros. Durante los careos con Guillermo, los oficiales responsables nunca fueron los mismos.
La abogada también probó que otros pobladores fueron detenidos en una trampa armada desde el Estado, una comisión de habitantes del municipio acudió a la reunión con Juan Elías Cesín Musi, entonces subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, donde en lugar de la mesa de diálogo ofrecida se encontraron con la policía ministerial.
Al salir de la fallida negociación a la que no se presentó el funcionario, los pobladores se dirigían a su comunidad cuando vehículos sin placas y vidrios polarizados los interceptó, con violencia fueron detenidos e ingresados a los autos en un acto que pareció un «levantón».
Horas después fueron presentados a la autoridad pero estuvieron incomunicados, Elvia Velázquez Ramírez —la única mujer detenida — logró esconder un teléfono y pudo comunicarse y revelar el paradero del grupo del que se consideraba hasta ese momento desaparecido.
Con este hecho, Mayra Sánchez Sarmiento documentó las prácticas del morenovallismo que implicaban la «desaparición» durante horas de los ciudadanos, la fabricación de expedientes encuadrándose en la violación al debido proceso como una práctica común y corriente.
Dentro de los separos de la ahora Fiscalía General del Estado también se cometieron graves violaciones, Severo Guerrero, estudiante de la Facultad de Físico Matemática de la BUAP, quien también fue detenido en el grupo, denunció que policías ministeriales le obligaron a desvestirse durante la revisión, haciendo burlas y escarnio de cuerpo. La ropa sólo le fue devuelta para tomarse fotografías, se la quitaron nuevamente y pasó la noche sin ella.
Caso de violaciones a todo nivel
La abogada Mayra Sánchez en entrevista con URBANO calificó el Caso Atzizihuacán como el caso emblemático en la violación de derechos y garantías hasta el último momento del proceso, aunque existían pruebas irrefutables de la inocencia de los pobladores desde el principio, fue hasta octubre de 2017 que finalmente el juez penal de Atlixco dictó la absolución, pero la Fiscalía de Puebla apeló la sentencia, por lo que la defensa tuvo que recurrir al Tribunal Superior de Justicia.
«Se agotó todo el procedimiento del antiguo sistema penal, demostramos que los delitos fueron fabricados y que los pobladores detenidos son verdaderos presos políticos, los 20 ciudadanos acusados falsamente se sostuvieron firmes demostrando su inocencia, salieron tan limpios como al principio, no obtuvieron su libertad bajo algún acuerdo con el gobierno del estado, fue una batalla legal también limpia», dijo Vladimir Luna Porquillo, miembro del Movimiento Nacional Los De Abajo.
Tanto la abogada como Vladimir Luna Porquillo coinciden en señalar los importes daños patrimoniales para los detenidos, pues aunque permanecieron sólo 15 días en prisión, por 4 años estuvieron bajo libertad provisional, obligados a acudir cada semana al Juzgado Penal en Atlixco, con la amenaza de revocar su situación si se incumplía su firma en el libro de control respectivo.
El costo del pasaje y otros pagos del trámite semanal rebasaba los 100 pesos, pues se movilizaban desde sus poblaciones de origen: San Juan Amecac, Atzizihuacán y San Mateo Coatepec, cuyo tiempo de traslado, también les implicaba abandonar sus ocupaciones en el campo, ocasionándoles pérdidas pues no cumplían con su día de trabajo.
Actualmente sólo faltan 4 personas —de los 20 detenidos— por recibir el monto de su caución que fue de poco más de 15 mil pesos, trámites administrativos han dificultado la devolución de su fianza.
Rosendo Olmedo Arellano que tiene más de 70 años no alcanzó a ir a cobrar, terminando el proceso cayó enfermo, un coágulo en el cerebro le ha paralizado y hace tres semanas fue hospitalizado, su condición de salud es calificada como grave.
