El organismo consideró que en la entidad es necesario que el gobierno del estado rectifique sus acciones respecto al hecho ocurrido en Ajalpan en 2015
El linchamiento o fenómeno de “la justicia por propia mano” ha dejado seis muertos en 16 eventos en los últimos cuatro años en Puebla, reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reconoció que el estado vive una fragilidad del Estado de Derecho.
Así lo evidenció el Organismo Nacional en la Recomendación 78/2017 emitida hoy al gobierno de José Antonio Gali Fayad por el linchamiento de Rey David y José Abraham Copado Molina, dos encuestadores que fueron quemados en la plaza pública de Ajalpan sin que ninguna autoridad estatal o municipal ejerciera una acción para frenar el hecho.
Por instrucción de la CNDH la Recomendación emitida para Puebla será llevada a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para dar vista y mostrar las correcciones en la adopción de acciones y medidas en la inacción de un Estado y para prevenir casos de linchamientos, protocolos de actuación para las instancias de seguridad pública y la capacitación de servidores públicos en el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos.
A dos años del hecho del 19 de octubre de 2015, la CNDH documentó la omisión de actuación de las administraciones encabezadas por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle y sobre todo del edil de Ajalpan que derivaran en la violación de los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida de los jóvenes encuestadores que fueron confundidos por secuestradores.
En realidad los hermanos trabajaban para una empresa encuestadora que realizaban un estudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz en el municipio; pero al ser calificados como “sospechosos” se desató una histeria colectiva que les golpeó y finalmente les quemó vivos.
La CNDH documentó que aunque el Ayuntamiento de Ajalpan y de las Secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno del Estado, como integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública conoció el hecho desde su inicio no se registró una sola acción de su parte para frenar el hecho.
La Recomendación acusa que hubo omisión de la autoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños y a la Policía Estatal, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la intención de la población que se aglomeraba al exterior de la comandancia para linchar a los dos jóvenes.
Se destaca la actuación omisa del Presidente Municipal de Ajalpan, quien fue enterado oportunamente de la situación, y pese a que se encontraba a 10 minutos del lugar se presentó cuatro horas después.
“Las autoridades no adoptaron medidas para su prevención o protocolos de actuación para evitar la consumación del hecho, a pesar de que contaban con antecedentes y suficiente información de tal índole, lo cual acredita la responsabilidad por falta de prevención y protección en casos de linchamientos”, sostiene la CNDH en la Recomendación.
“No se adoptaron en ningún momento ni a tiempo medidas necesarias y pertinentes para la protección de las víctimas, permitiendo el ingreso y permanencia en las instalaciones municipales de personas que alteraron el orden público, lo que trajo como resultado la pérdida de dos vidas”, resumió el Organismo Nacional.
En el desarrollo de la Recomendación dirigida a Gali Fayad se da cuenta de que el arribo de la Policía Estatal a la Presidencia de Ajalpan, uno de los jóvenes se encontraba con vida, y al ser agredidos y replegados por la multitud, los elementos estatales no realizaron mayores acciones para el rescate de la víctima.
Este hecho también fue del conocimiento de un delegado distrital de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, sin que diera cumplimiento a las disposiciones del “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos humanos”.
Reparar daño a víctimas, recomienda la CNDH
La CNDH recomendó a Antonio Gali Fayad en su carácter de gobernador de Puebla y al Ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan a la reparación integral del daño.
De manera particular, se recomendó a Gali Fayad constituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de los hijos de una de las víctimas, incluyendo la entrega de uniformes y útiles escolares.
La CNDH pide al gobierno estatal colaborar con el seguimiento de las denuncias y quejas que se presenten ante la Secretaría General del Congreso del Estado, la Fiscalía General, la Secretaría de la Contraloría, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría Municipal de Ajalpan, contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Llevar a cabo el estudio, actualización y publicación del “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos”, y del Bando de Policía y Gobierno de Ajalpan.
También recomienda realizar un Diagnóstico de la Operatividad del Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Llamadas de Emergencia del Estado, y ejecutar las propuestas que del mismo se deriven. Capacitar en materia de derechos humanos y mediación a funcionarios municipales y estatales, a partir del estudio de casos de linchamiento.
Así como efectuar dos jornadas de cultura de la legalidad y justicia, para lo cual se deberán hacer partícipes a los medios de comunicación.
Pide que el Congreso del Estado inicie los trabajos legislativos para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla con la Ley General de Víctimas, la publicación de su Reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y poner en operación la Comisión Estatal de Víctimas y los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.
