El caso fue tan accidentado, desde la primera pretensión del gobierno panista para otorgarlo ilegalmente por 15 años.
Un tema que deberá revisar con precisión y severidad la Auditoría Superior del Estado (ASE) es el referente a las concesiones que el Ayuntamiento de Puebla capital otorgó para la recolección y disposición final de desechos urbanos, a favor de las empresas Promotora Ambiental de La Laguna (PALA) y Rellenos Sanitarios (RESA), por siete y cinco años, respectivamente.
El caso fue tan accidentado, desde la primera pretensión del gobierno panista para otorgarlo ilegalmente por 15 años, que el examen a ese proceso es indispensable.
Pero además, y ya que la ASE deberá entrarle al tema, con especial severidad, los ojos de la institución tienen que revisar el contrato directo que, por el tiempo de solamente dos años fue sin licitación, para encargar el barrido manual de la ciudad a la empresa Bio Sinergia, de Eduardo Cué Pandal.
Desde las miradas con acuciosidad, no hay posibilidad de pasar por alto un posible conflicto de intereses y “pago de favores”, que se asoman en este asunto.
Varias fuentes han puesto énfasis en lo conveniente que será observar el pasado, el presente y la relación entre las actuales autoridades y el empresario Cué, dueño y accionista de otras empresas, como Estrella Roja y el restaurante El Mural de los Poblanos.
Eduardo Cué fue uno de los principales benefactores de Eduardo Rivera Pérez, en su tiempo de la segunda campaña al hilo, y en la que sí pudo ganar a la morenista Claudia Rivera Vivanco, quien ha pasado a la memoria histórica como la peor funcionaria que ha tenido el municipio.
Ha trascendido que el contrato es por 70 millones de pesos. No es cosa menor.
Si efectivamente el otorgamiento directo de un contrato de esta magnitud millonaria es por una “deuda de favores”, se configuran muchas anomalías.
Pero también, un desmedido sometimiento de Eduardo, como cabeza del actual ayuntamiento, a un mecenas político.
El tema va más atrás y a más expedientes, porque las aportaciones que particulares hacen a los candidatos y a las campañas, deben ser registrados y fiscalizadas, por las autoridades electorales.
No hacerlo, constituye, desde entonces, en la etapa de campañas, un delito. Rebasar los topes de éstas, ha costado sanciones a muchos.
No será fácil ya detectar el nivel de involucramiento que hubo de Cué y su “generosidad económica” con la campaña de Eduardo, pero es una duda que no deja de estar en el aire y puede terminar asfixiando a varios.
Es una interrogante insoslayable, ahora que, en el caso específico del barrido manual, es la empresa de Cué, Bio Sinergia, la que ha recibido en asignación directa un contrato de 70 millones de pesos.
Y ya siendo morbosos, un dato que seguramente estará encerrado bajo mil llaves y que nunca sabremos: si es que se está configurando este “pago de favores”, ¿a cuánto asciende la ganancia del empresario Cué?
¿Cuántos pesos está recogiendo, por cada uno que puso en la campaña de Eduardo Rivera Pérez?
Porque la política no tiene almas altruistas.
Más bien, inversionistas fríos y calculadores.
