Tras desahogar el orden del día, Héctor Sánchez se quejó con los magistrados de lo que describió como “la embestida que el Ejecutivo ha iniciado contra el Poder Judicial”.
Los días corren lentos y muy amargos en las oficinas principales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ). Se preparan cajas con documentos, se esconden expedientes, se destruyen evidencias. Es la aciaga cosecha podrida de lo que se sembró.
El todavía presidente del Poder Judicial poblano, el ex candidato a diputado federal suplente del PAN, Héctor Sánchez Sánchez, jugó hace unas semanas su última carta en un golpista intento contra el gobierno del estado, para conservar sus prebendas y preservar el estado de cosas de corrupción y componendas, por encima y contra la ley.
Pero fracasó. Se quedó solo.
Apenas está ahora acompañado de un puñado, principalmente de su secretario particular, el petulante Javier Hernández Muñoz, quien maltrata a todos alrededor y quien, desde la otrora poderosa responsabilidad de su jefe, acumuló un largo rosario de abusos de muchas índoles. Tiene un abundante inventario de daños.
El pasado 22 de agosto, el lunes siguiente al fin de semana en que se conocieron dos casos de abuso y corrupción descomunal -como hay muchos más-, con ausencia total de probidad y hasta decencia en la impartición de justicia (el sospechoso amparo sobre el caso Siriako y el de la niña de Huauchinango de 16 años violada, embarazada y sustraída por su padrastro), Sánchez Sánchez tuvo sesión del Pleno, con todos los magistrados que integran el TSJ. Fue vía zoom.
Tras desahogar el orden del día, Héctor puso sobre la mesa un asunto más e instruyó que nadie grabara la transmisión.
Con tono plañidero, se quejó de lo que describió como “la embestida que el Ejecutivo ha iniciado contra el Poder Judicial”.
El viernes previo, el gobernador y la opinión pública habían conocido de aquellos temas de corrupción, que se expresaban, apenas como la punta de un gigante iceberg, con esos dos casos: Siriako y Huauchinango.
Sobre el segundo, en el que hay incluso visos de violación grave a los derechos humanos, el gobierno estatal debió actuar para ayudar a Miriam Vázquez, la madre de dos menores y nieta de una bebé, víctimas de su padrastro, a quien un juez benefició con la reclasificación del delito, de violación equiparada a solamente estupro. La diferencia lo libró de 40 años de prisión, para solamente pasar a firmar cada 15 días. Este caso es muy conocido, por indignante.
Vendrían más casos en esa semana y vendrán más en los próximos días.
En la ceremonia conmemorativa por los aniversarios luctuosos de Carmen Serdán Alatriste y Leona Vicario, en la Casa Museo de los Hermanos Serdán, el 21 de agosto, Miguel Barbosa Huerta fue contundente:
“Por eso tenemos que entender que el sistema de privilegios, no puede continuar. Y que la transformación en el ejercicio del poder no puede detenerse. O nos volvemos los sostenedores del estado de cosas, aliados del estado de cosas, o nos volvemos las cabezas de la transformación”.
En medio de las revelaciones de ese fin de semana, el mensaje resultó contundente contra los abusos del grupúsculo incrustado en el TSJ, que encabeza el galista y morenovallista Héctor Sánchez, el hoy magistrado que siempre soñó, desde sus años de bachiller, con ser James Bond y tener un automóvil Aston Martín, como el ficticio agente 007.
Volvemos a la sesión vía zoom del lunes 22 de agosto:
Sánchez Sánchez, con la simpleza y facilidad con que suele bailar una pieza de salsa -es un extraordinario bailarín de ese género, aseguran fuentes muy, muy cercanas-, pidió a los magistrados sumarse a él, para atacar al titular del Poder Ejecutivo de Puebla.
Un pueril intento golpista, sin cálculo siquiera en su sugerencia rabiosa.
Llamó a sus colegas de toga a que se unieran a un “pronunciamiento fuerte” contra el gobernador, lo que además hubiera significado defender a Héctor en su esquema de privilegios y oscuro manejo de la justicia, en esos episodios y muchos otros.
Los magistrados ni siquiera le respondieron. No hubo uno que secundará su demencial propuesta.
Todos, casi de tajo y en sincronía, se desconectaron de la sesión zoom.
Héctor, del otro lado de su aparato, se quedó con Javier, para volverle a reclamar con gritos repletos de patanerías: “lo único que tenías que hacer era protegerme y no lo hiciste”.
El cabildeo de una diputada
Pero esos no son los únicos asuntos de todos estos días: hay entre los magistrados, cuya mayoría ya emprendió el camino procesal para la destitución de Sánchez, una enorme molestia por los turbios manejos administrativos que Rafael Pérez Xilotl, director del área.
Hay también una contundente molestia y sospecha sobre Rubén de la Rosa, juez Jurídico, quien además es de los favoritos del hoy todavía presidente.
Los días que terminaron, la diputada local Mónica Silva Ruiz, esposa de Sánchez, aseguran fuentes de los poderes Judicial y Legislativo, emprendió una campaña intensa de cabildeos para buscar apoyo para su marido. Buscó hasta a secretarios y secretarias del gabinete del Poder Ejecutivo.
Ella, aseguran en Ciudad Judicial, ha quitado y puesto, a placer y con la complacencia de su consorte, a funcionarios -por ejemplo Pérez Xilotl- y ha tenido acceso a los recursos materiales y humanos del TSJ, como vehículos y escoltas.
Seguramente tendrá alguna justificación para ello. O tal vez no.
