Que no se nos olvide que todavía se sigue desmontando ese pasado tan negro.
Un nuevo paquete de reformas llegará al Congreso del estado de Puebla, en los próximos días, para especificar que los presidentes municipales que contraten como policías a personas que estén bajo procesos judiciales o tengan antecedentes penales, tendrán también una muy seria responsabilidad penal.
Más allá de los sistemas de control ordinarios, incluso federales, que se establecen para estos casos, se busca que las autoridades de mayor proximidad con la población cumplan estrictamente con la ley. Ni omisiones ni perversiones se van a consentir.
La Reforma en Materia de Seguridad Municipal, en palabras simples, castigará severamente a los alcaldes, primeros respondientes de acuerdo con la Constitución, en esta materia, que contraten a delincuentes. Así de clarito.
La iniciativa que presentará el titular del Poder Ejecutivo del estado, Miguel Barbosa Huerta, contempla cambios a la Ley Orgánica Municipal, para establecer responsabilidades administrativas, y al Código Penal, para especificar las sanciones, en caso de incumplimiento.
Se tratará de una reforma que, en principio, no requerirá de mayoría calificada en el pleno del Poder Legislativo estatal, pues no contempla cambios a la Constitución local.
Eso sí, las sanciones serán de verdad severas. Severísimas.
Ha ocurrido tradicionalmente, que los presidentes municipales eluden sus responsabilidades en materia de seguridad pública.
Ponen la excusa de que muchos de los delitos que se cometen en sus territorios son de carácter federal, y no del fuero común.
O quieren, hasta con cinismo y pereza, que la Seguridad Pública Estatal les resuelva todos los temas, cuando en realidad en el esquema constitucional de los distintos órdenes de gobierno, son ellos y ellas los primeros respondientes obligados a garantizar la seguridad en sus municipalidades.
Los artículos 21 y 115 de la Constitución General establece a los municipios y sus autoridades como responsables, en primer término, de la seguridad pública.
Se busca que ya no ocurran casos como el de Chignahuapan, en donde se conoció que uno de dos policías que fueron asesinados, a principios de noviembre, tenía orden de aprehensión por homicidio calificado.
Sobre ese caso, por cierto, todavía se conocerán muchos datos, con los que las autoridades municipales quedarán muy mal paradas.
La agenda legislativa será ocupada en las próximas semanas por la Reforma en Materia de Seguridad Municipal.
La forma cínica en que las autoridades municipales, afortunadamente no todas, eludían su responsabilidad constitucional, tendrá ahora un freno.
Se trata, como ha ocurrido con la Reforma Judicial y otros cambios al andamiaje jurídico del estado, de acabar con la inercia, la corrupción, las prácticas anquilosadas y las injusticias que son herencia de la cuasi dictadura que representó esa perversa y oscura etapa de Puebla, que se conoce como el morenovallismo.
Que no se nos olvide que todavía se sigue desmontando ese pasado tan negro.
