Después del veredicto del TLA a favor de los pueblos que habitan la cuenca Atoyac-Zahuapan, las organizaciones llevarán la demanda a los pueblos, al nuevo gobierno federal e instancia internacionales.
El Centro Fray Julián Garcés señaló a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como cómplice de la contaminación industrial de la cuenca Atoyac-Zahuapan y por la falta de acciones para su saneamiento.
En rueda de prensa, el Centro Fray Julián Garcés y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, señalaron que durante la audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), la gran ausente para conocer la denuncia fue la delegación de Conagua de Tlaxcala, así como la representación del organismo responsable de la Cuenca Balsas, caso que no se dio con los otras tres denuncias por contaminación de los ríos Sonora y Oaxaca, en los que la Conagua conoció los hechos y el dictamen del jurado del TLA.
La ausencia resaltó el desinterés y la omisión de la Conagua para convocar y formar el grupo interinstitucional encargado del plan de saneamiento, como lo establece la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como permitir, a través de multas laxas y escasos planes de verificación de descargas industriales, la reincidencia de las más de 20 mil empresas instaladas a lo largo de la cuenca durante más de 10 años.
Después del veredicto dado a conocer por el TLA el mes pasado, las organizaciones de la sociedad civil anunciaron que el primer mes de 2019 acudirán a la cuenca los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para verificar el actuar de la industria y llevar el caso a las instancias internacionales en materia de derechos humanos.
Al respecto, Alejandra Méndez Serrano y Octavio Rosas Landa del Centro Fray Julián Garcés, señalaron que prevalece una «arquitectura de la impunidad» que privilegia intereses privados por encima de los derechos humanos de los pobladores de la cuenca.
“Existe el encubrimiento doloso que hacen de la industria establecida en la cuenca y de la constitución de una arquitectura de la impunidad para las empresas que vierten todo tipo de sustancias tóxicas, el desinterés oficial por atender la crisis de salud de los pobladores, especialmente los grupos más vulnerables, como son los infantes, las mujeres y las personas de la tercera edad”, señalaron.
Tras el veredicto a favor de los pueblos, las organizaciones acordaron iniciar una campaña de información en las comunidades, y solicitar una audiencia a las autoridades federales electas para dar a conocer el veredicto del TLA, la recomendación de la CNDH y las obligaciones del Estado mexicano para el saneamiento de los ríos.
